Ayer se conoció la sentencia absolutoria del Tribunal Oral N° 3 de San Martin del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, por el que se encontraba acusado y con prisión preventiva el cura Carlos Eduardo José. Una vez más, esta justicia misógina y patriarcal demuestra su complicidad y resguardo de los abusadores.
La víctima, Mailin Gobbo, había denunciado el abuso sostenido por el párroco durante quince años. Pero ella no fue la única que lo denunció, sino que hubo tres denuncias más, que fueron declaradas prescriptas y que esperan la resolución de la Suprema Corte bonaerense que revierta esta situación.
El tribunal, integrado por los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira, argumentó para absolver al pedófilo que el delito estaba prescripto. Cabe destacar que el cura nunca negó los hechos y muchos fueron los testimonios durante el juicio oral que daban cuenta de su accionar persistente y sistemático. A su vez, la familia refirió que cuando Mailin finalmente pudo contar lo sucedido, fueron a pedirle explicaciones y el cura “se disculpó”.
Párrafo aparte merece el Arzobispado, que intentó por todos los medios tapar y minimizar la situación y frente a la denuncia realizada por Mailin ante la Iglesia en 2009, trasladaron al cura a otra parroquia. Nada nuevo por aquí. Lo mismo ha hecho el Papa, llevándose al Vaticano a un obispo salteño acusado de abuso sexual.
Según declaraciones de Mailin y su abogado, la sentencia será apelada. Esta situación evidencia que la postura de la (in)justicia ante este tipo de casos se repite: encubrimiento sistemático, justificando lo injustificable. Incluso desde el punto de vista jurídico existe normativa, tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencia que protegen a las víctimas de este tipo de tecnicismos y declaran la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en menores de edad. O sea, que no “vencen”.
Es imprescindible que sea así porque bien sabemos que las victimas hablan cuando pueden, no cuando quieren, y este escenario no puede ser una maniobra para proteger a los pedófilos y revictimizar a las víctimas, sino todo lo contrario.
El movimiento feminista y disidente en Argentina, junto con la marea verde y el #MeToo que se propagó alrededor del mundo hicieron posible que muchas víctimas se animaran a hablar, se sintieran empoderadas y acompañadas en sus relatos y vivencias. Lamentablemente, la justicia patriarcal no sólo no acompaña este proceso, sino que tienen la decisión de mantener el statu quo, resguardar a los pedófilos y mirar hacia otro lado.
Por eso es indispensable cambiar esta justicia de raíz, no alcanza con reformas mínimas o designar nuevos jueces, cambiar las figuritas: ésas son sólo medidas cosméticas. Hace falta implementar juicios por jurados populares, poder elegir jueces y fiscales por el voto popular y con mandatos revocables.
Junto con esto, hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con niñes en lugares cerrados y que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica -y demás iglesias- y a toda la enseñanza confesional. La Iglesia y sus socios evangelistas son instituciones por demás retrógradas, antiderechos por excelencia. Difunden dogmas y prejuicios misóginos, se oponen a todos los avances en materia de género, no aplican la Ley de ESI en sus colegios y salvaguardan a sus pedófilos dándoles vía libre para perpetrar una y otra vez abusos sexuales a menores.
Sigamos la lucha por justicia para todas las víctimas de la pedofilia clerical y por separar, de una vez por todas, a la Iglesia del Estado.
Catalina Coles