Esta semana se hizo público un proyecto de modificación a la Ley 10.208 de política ambiental de la provincia de Córdoba que presentó el oficialismo. El proyecto retrocede en reglamentación de cuidado ambiental y le abre paso a la agro-industria, a la especulación inmobiliaria y beneficia a los empresarios.
En una provincia con numerosos conflictos en defensa del ambiente y de los bienes comunes, tales como las comunidades de Punilla y Paravachasca contra las autovías de montaña; la comunidad de Casa Bamba contra la cantera que explota el monte y cierra la entrada del pueblo a sus propios vecinos; las campañas en defensa del agua que tomamos, entre tantas otras que hace años vienen reclamando Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serios, que denuncian audiencias públicas truchas y exigen que sean participativas, democráticas y vinculantes, hoy el gobierno propone un retroceso a favor de los empresarios, veamos:
- Elimina la exigencia de EIA y audiencia pública a todo tipo de «desmonte sobre los montes protegidos y/o permanentes», reduciéndolo sólo a obras públicas, de interés público o de infraestructura.
- Habilita que «plantas almacenadoras, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos» (como Monsanto o Syngenta) sí se puedan instalar fuera de zonas urbanas sin EIA o audiencia.
- Permite comenzar obras, salvo algunas excepciones, «dentro de porciones territoriales. comprendidas en el régimen de la Ley de Áreas Naturales de la provincia o normas nacionales similares o de áreas con bienes de valor arqueológico o histórico cultural».
- Elimina el requisito de EIA y audiencia a los loteos y construcción de viviendas que se realicen sin obras de saneamiento básicas como cloacas.
- Además, para la instalación de antenas o «estructuras portantes para instalaciones de transmisión o repetición de señales» no requiere más que la simple aprobación de la municipalidad o la comuna.
Con este proyecto está claro que las cosas se pueden cambiar, pero en manos de Schiaretti y Hacemos por Córdoba los cambios son para beneficiar a sus amigos empresarios. Un cambio de verdad al servicio de las necesidades sociales y ambientales debe plantear prohibir cualquier tipo de desmonte e industrias contaminantes, acabar con el desarrollismo inmobiliario y declarar intangible el monte nativo y el patrimonio arqueológico e histórico de los territorios provinciales.
Pero todo eso se debería enmarcar en un nuevo plan productivo provincial, que sea responsable con el ambiente y respete su cuidado y saneamiento. Se debe declarar la emergencia ambiental, impulsar una nueva ley de bosques para terminar con los desmontes y reforestar la provincia, prohibir las fumigaciones con agrotóxicos y avanzar hacia una agroecología de proximidad para que la salud, los alimentos y un ambiente sano no sean privilegio de quien pueda comprarlo, sino derechos básicos garantizados para todos; con participación vinculante de las comunidades para que decidan todo y así desarrollar una salida que responda a las necesidades populares y no a la ganancia y negocios de unos pocos, tal como lo propuso la legisladora Luciana Echevarría.
Lautaro Allassia