En el día de ayer en la Legislatura cordobesa se aprobó una nueva ley que habilitaría el pase a planta permanente de distintos sectores de empleados públicos. La presentación y tratamiento de esta ley es un triunfo de la lucha y la organización de los trabajadores de la salud y empleados públicos que hace años denuncian la grave situación de precarización laboral en el Estado y que exigían este avance.
Sin embargo, este proyecto presentado por José Emilio Pihen, secretario general de la sección cordobesa de la CGT y del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), no plantea más que parches y soluciones parciales frente a graves problemas estructurales que afectan a los trabajadores de la provincia. Así lo planteó la legisladora por el MST Luciana Echevarría: “No es la primera vez que en la Legislatura se discute una ley parche como la que tenemos en debate ahora, y claramente no son soluciones estructurales -como algunos intentaron venderla hoy- sino más bien un Frankestein que por distintas vías busca respuestas parciales a problemas muy graves que sufren las y los trabajadores públicos. El más importante tiene que ver con la precariedad e inestabilidad laboral, otros están ligados a las categorizaciones y grupos ocupacionales de salud, otros a los concursos del personal superior. Pero en definitiva, todos los problemas tienen un denominador común: la violación sistemática de las leyes laborales por parte de este gobierno que ya lleva más de 20 años en el poder. Es decir son más de dos décadas de pisoteo a los derechos laborales de las y los empleados públicos” .
El Estado como principal precarizador
Es paradójico, pero resulta ser que quien tendría que ser el primer defensor de los derechos y garantías laborales, es el primero en violarlas. Y en la provincia de Córdoba la precarización en el Estado se ha vuelto política pública con el gobierno de más de 20 años del PJ. Dejando como consecuencias:
- En el nivel de precarización e inestabilidad, con contratos basura, monotributos, becas y todo tipo de inventos para ocultar la relación laboral que existe y por ende ajustar, pagando menos, no garantizando aportes e incluso presionando por esa vía a la baja de los salarios de quienes sí están contratados.
- En el ingreso al empleo público. Los ingresos son completamente irregulares, hace años que no se llama a concursos abiertos tal como lo exige la ley, hace años que andan de excepciones en excepciones, de cláusulas transitorias en cláusulas transitorias, esquivando la responsabilidad de transparentar los ingresos.
No pueden ser los trabajadores los que paguen el precio de esa irresponsabilidad del gobierno, quien haya ingresado al empleo público y cumpla con sus tareas tiene derecho a la estabilidad.
Una salida insuficiente
El proyecto tratado refleja en cierta medida los reclamos del sector que hace años lucha por su reconocimiento y por la puesta en funcionamiento de las leyes laborales existentes y por una mejora en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, se presentan algunas alertas.
En primer lugar, porque deja a criterio del Poder Ejecutivo la cantidad de cargos que han de concursarse, entonces todo el espíritu de la ley se desvanece en el artículo 8, porque si lo que busca es regularizar la situación del conjunto de los trabajadores, ¿por qué no poner claramente eso, en lugar de dejarlo abierto? Se deja la posibilidad de que a discreción del Ejecutivo provincial esta ley aplique a muchos menos trabajadores de los que se encuentran hoy en condiciones de concursar.
En segundo lugar, y este es un gran problema, se determina de manera arbitraria que concursarán quienes tengan una antigüedad igual o superior a dos años al 31 de diciembre del 2021. De esta forma quedan fuera los trabajadores contratados en el contexto de la pandemia. Esto es realmente una cachetada a quienes pusieron su vida y sus mayores esfuerzos al servicio de cuidarnos a todos, y a quienes el Estado provincial sigue maltratando con contratos basura, con bajos salarios y persecución laboral, como es el caso de Estela Giménez, y ahora dejándolos afuera de la única posibilidad que abrieron en años de estabilizar su situación laboral.1
En tercer lugar, está el problema de que las Comisiones Evaluadoras estarán conformadas por el Ejecutivo y el SEP, que es lo mismo que decir el Ejecutivo solo, porque está del mismo lado del mostrador; pero además es un hecho ampliamente conocido que el SEP no es el único gremio representativo del sector y por lo tanto no debería ser el único que participe en esa instancia. Sin ir más lejos, mientras la pandemia hacía estragos y el personal de salud estaba en pésimas condiciones, fueron todos los gremios del sector salvo el SEP los que acercaron sus demandas a esta legislatura para que pudiéramos avanzar en proyectos de leyes para mejorar sus condiciones laborales.
Por estos motivos la legisladora por el MST aclaró: “Por eso es que aunque acompañaremos en general, voy a votar en contra de los artículos 8, 10, 11, 12 y 16 por ser los que establecen todas las irregularidades e injusticias”.
Para finalizar expresó: “En definitiva, por todo esto, acompañamos en general el proyecto, con el voto por la negativa de los artículos que ya mencione, entendiendo que es urgente regularizar al personal del Estado que se encuentra trabajando de manera irregular por la irresponsabilidad del gobierno de Schiaretti, pero volvemos a insistir en la necesidad de cambios estructurales, que pongan por delante los intereses del conjunto de los trabajadores que son los que con su esfuerzo sostienen los programas y áreas más sensibles del Estado provincial, entre ellos por supuesto, los becarios, monotributistas y demás formas precarizadas que siguen siendo olvidados”.
Al respecto, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Gastón Vacchiani expresó: «La ley significa un avance porque compañeros que llevan años, hasta 8 años de precarios en el Estado puedan pasar a planta. Por eso nosotros la saludamos en ese sentido. Pero es una ley muy limitada que viene a demostrar los años de precariedad e incumplimiento de los mismos estatutos y leyes laborales que nos regulan. Es un parche insuficiente, pero que significa una mejora en un sector de los compañeros. Por otro lado, otro déficit grande que tiene la ley, es que no sabemos cuántos compañeros van a pasar a planta porque lo va a definir el Ejecutivo. Nosotros entendemos que todos los compañeros, después de 6 meses deben pasar a planta. Por último esta ley excluye injustamente a todos los contratados durante la pandemia».
El proyecto votado hoy significa un avance en los reclamos del sector, y marca el camino para seguir luchando por el reconocimiento y ampliación de todos los derechos laborales.