El miércoles 16 de julio, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero se movilizaron a la delegación del Ministerio de Trabajo de la ciudad, donde se realizaba la primera audiencia con la patronal tras el dictado de la conciliación obligatoria. Para reclamar, junto a organizaciones sindicales y políticas, la reincorporación de los más de 120 despedidos.
La patronal justifica su decisión debido a la “situación económica financiera” de la empresa, la cual se estaría agudizando a partir de la apertura de las importaciones impulsadas por el gobierno de Milei. Es así que la compañía se encuentra en un proceso de reconversión desde fines del año pasado y todavía arrastra las consecuencias económicas del cierre de su planta de TDI (diisocianato de tolueno), anunciado en octubre de 2024, debido la imposibilidad de competir con el producto importado desde China.
El lunes la empresa comunicó el despido de más de 120 trabajadores y la dispensión del resto del personal hasta nuevo aviso, en un intento de paralizar la planta por completo. Desde el sindicato se convocó a un paro por 24hs y la resistencia de los trabajadores se puso en marcha con un corte del ingreso al polo químico, la permanencia en el establecimiento del turno noche y la concentración en la puerta para defender los puestos de trabajo.
¡Rodeemos de solidaridad! ¡En PR3 no sobra nadie!
“Este es un nuevo ataque de la patronal porque recordemos que hace pocos meses la empresa también había despedido a otros trabajadores. Esta “reestructuración” de la empresa, no es otra cosa más que vaciamiento y destrucción de la industria” dijo la legisladora Luciana Echevarría presente en la puerta de la planta.
Durante todo el día fueron llegando las muestras de apoyo y solidaridad a la lucha. Por la tarde se movilizaron nuevamente hasta el ingreso al polo para visibilizar el reclamo. En horas de la noche llegó la noticia de que el ministerio dictó la conciliación obligatoria, la que fue acatada por las partes. Esto abre posibilidades de una nueva negociación para mantener los puestos de trabajo y parar el desguace por parte de la patronal.
Con la planta sin las condiciones necesarias para operar garantizadas, los trabajadores cumplen su horario y no ceden al intento de vaciamiento. Este ataque responde al plan global de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei, que intenta avanzar con la apertura de importaciones y la destrucción de lo que queda de la industria nacional. A la vez que cuenta con el aval tanto del gobierno provincial de Llaryora que no toma cartas en el asunto, y del nefasto intendente radical Ferrer que justificó esta brutal situación y declaró no poder hacer nada ya que es una empresa privada. Lo cierto es que desde octubre del año pasado hasta hoy ya se acumulan más de 200 despidos. Ferrer más que preocupado por la situación demuestra estar completamente alineado a la política de destrucción de puestos de trabajo.
En la audiencia la patronal ratificó las medidas que viene llevando adelante y su plan general para la planta, por lo que el gremio rechazó este planteo y está evaluando juntos a los trabajadores reunidos en asamblea las próximas medidas del plan de lucha.