lunes, 4 marzo 2024 - 20:49

Comunidad travesti-trans. Vamos por más

Como comunidad LGBTI+, con nuestras luchas hemos conseguido derechos y reconocimientos legales, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el reciente decreto presidencial de cupo laboral trans, y también logros a nivel provincial, como la ley de cupo laboral trans en Santa Fe. Si bien estas leyes son avances inclusivos, su aplicación es deficiente. Esto pone en evidencia la necesidad de una inclusión integral para las personas travestis y trans.

Por una ley integral trans

En 2012 conquistamos la Ley 26.743 de Identidad de Género. Pero ese derecho elemental de que el Estado nos reconozca tal como somos y queremos ser no basta para asegurar nuestra inclusión social real.
En realidad, la mayoría de las personas travesti- trans sufrimos la exclusión y la violencia social e institucional desde la niñez hasta la adultez. En todas las instituciones, desde la familia hasta el Estado operan mecanismos discriminatorios y excluyentes: como en la educación en todos sus niveles, en la salud -incluida la falta de hormonas y reactivos para VIH-, la justicia y el trabajo sea en sector público o privado. A esto se debe que la comunidad trans tenga un promedio de vida que no supera los 35 o 40 años, la mitad de la media nacional.
Por eso necesitamos una ley integral, como la que presentó la FALGBT, reparadora, que asegure nuestra inclusión en educación, salud, trabajo, vivienda y también seguridad social mediante un subsidio para las personas travestis-trans mayores de 40 años. Es decir, una ley que obligue al Estado a aplicar políticas públicas concretas para revertir nuestra marginación socio-histórica y garantizar todos los derechos que se nos niegan, por ser, simplemente, disidentes de la cis-hetero-norma de este sistema capitalista y patriarcal.

La cuestión del CUIL

En cuanto a la identidad de género, una persona puede cambiar su nombre en el DNI, pero aún no se puede cambiar el número de CUIL, por lo que sigue apareciendo el género biológico. La Ley 26.743 tiene por intención alcanzar el libre desarrollo y el trato acorde a dicha identidad. En su artículo 10 exhorta a distintas instituciones a realizar los cambios pertinentes, pero no hace mención explícita al ANSES, que otorga algo básico y elemental como la constancia de CUIL.
Las personas que cambian su DNI obtienen un prefijo acorde a su género: masculino el número 20 y femenino el 27. Sin embargo, este trámite no se ha actualizado según lo dispone la ley para las personas trans, que por lo tanto no obtienen el CUIL acorde a su identidad.
Es de suma importancia el reconocimiento de la identidad de género y la no vulneración de derechos. Por eso instamos al Estado y a los gobiernos a que cada programa que se diseña considere las particularidades de la población trans a fin de promover y garantizar el ejercicio de la ciudadanía. En el caso de la ANSES, exigimos que cambie el prefijo de quienes modifican su género en el DNI y que el cambio de identidad se sistematice en todas las instituciones para evitar que las personas se expongan a dar explicaciones acerca de su cambio de identidad.

El tema salud

La Ley 26.743 indica que en ningún caso se pueden exigir como condición para reconocer la identidad de género ninguna cirugía, terapia hormonal ni otro tratamiento psicológico o médico. Nuestra ley contempla el derecho de toda persona trans a solicitar el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y/o parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género. Todas estas prestaciones de salud quedaron incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), que debe cumplir todo prestador estatal, privado u obra social.
Ahora bien; la comunidad sabe que no todas las instituciones de salud lo cumplen, y quienes sí lo hacen tienen escaso personal médico especializado para el acompañamiento a las personas trans en su proceso. Se deben implementar más programas de capacitación en todas las instituciones de salud. No cabe más escuchar decir a un especialista en salud que no sabe cómo tratar una persona trans, que la derive a otras instituciones con similares respuestas: la mayoría de compañeres terminan con mismo especialista.
Es necesario que el personal de todos los espacios públicos y privados esté capacitado para tratar y trabajar con personas independientemente de su identidad sexo-genérica.

La Educación Sexual Integral

Exigimos la real implementación de la ESI con perspectiva de género y diversidad/disidencias sexuales. La formación y capacitación docente en esta temática hace aguas por todos lados y la política del gobierno se queda en el discurso. Sobre 800.000 docentes en todos los niveles educativos, el Presupuesto 2021 sólo prevé capacitar a 20.000: apenas un 2,5%. ¡A ese ritmo, habría que esperar unos 40 años para que toda la docencia del país esté capacitada para aplicar una ley que es de 2006 y se supone es obligatoria! Exigimos una capacitación de calidad y real de la docencia, en servicio, porque las leyes sin presupuesto para aplicarlas no sirven de nada.
Para garantizar estas respuestas, plata hay de sobra. Hace falta dejar de pagar esa deuda externa fraudulenta y anular los subsidios multimillonarios a la Iglesia Católica y las escuelas de todas las religiones. Además es fundamental que el sistema educativo se declare laico y que la iglesia no intervenga en las políticas públicas como lo hace hoy en día. No debemos seguir bancando con fondos públicos, que salen de nuestros bolsillos, a las instituciones que reproducen las ideologías misóginas y de odio a la comunidad LGBTI+.
Nos urge cambiar la realidad de las futuras generaciones trans y que el Estado repare los daños que provoca en las vidas de nuestres compañeres por acción u omisión. En ese camino, afirmamos que sólo una sociedad socialista, en donde nadie explote ni oprima a nadie, permitirá eliminar la brecha de género y todas las demás desigualdades.

Sol Pereyra y Cris Moreyra

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