Córdoba. Colapso en las cárceles

Coronavirus y encierro en condiciones inhumanas son un cóctel mortal que está desbordando en Córdoba. Los contagios se multiplican en los establecimientos penitenciarios de toda la provincia y la falta de atención médica, elementos básicos de higiene y medicamentos, detonan un panorama crítico.

Hay casos confirmados en la UCA, Bower, Río Cuarto, San Francisco, Montecristo, Villa María y Cruz del Eje. La información oficial es escasa y solo aparece cuando es inevitable. En esta nota, la situación que se vive en las cárceles de Córdoba.

UCA

Desde el 20 de marzo, día en que comenzó el primer tramo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las visitas a las cárceles quedaron canceladas y la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Güemes es el establecimiento donde cualquier persona detenida debe pasar 14 días antes de ser trasladada al penal de Bower en caso de no ser liberada. Esta situación, sumada a problemas estructurales como las demoras de los tiempos de la justicia o el uso excesivo de prisiones preventivas, llevó a la UCA a una sobrepoblación límite. Las condiciones de encierro, inhumanas y degradantes, la falta de elementos de higiene y protección y el brote de coronavirus llevaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a tomar una nueva resolución, fuertemente cuestionada.

Se resolvió crear durante 90 días una UCA 2 en el instituto Pasos de Vida del Complejo Esperanza, que es un centro para menores de 18 años judicializados. Por norma, el Complejo es un centro socioeducativo para menores y no admite guardiacárceles sino empleados públicos. La nueva determinación especifica que se aislará por completo al Instituto Pasos de Vida del resto del Complejo Esperanza.  Sin embargo, la misma genera gran malestar y preocupación porque no apunta a resolver la situación sino, pareciera, a agravarla con nuevas complicaciones.

Bower

Al mismo tiempo, en el Correccional de Mujeres de Bower se repiten las acciones de protesta de las internas que reclaman atención médica, hisopados y denuncian que se están utilizando las celdas de castigo para aislar a quienes tienen síntomas. El jueves 1 de octubre se produjo un nuevo motín e incendios en los pabellones D, E y A, según informó Rebelión[1].

Río Cuarto

El establecimiento penitenciario de Río Cuarto fue el escenario en septiembre de un brote masivo en el pabellón 8. Los contagios continúan avanzando en más pabellones y fueron internados varios detenidos en el Hospital San Antonio de Padua.

Durante el traslado, los internos tuvieron que pasar tres horas encerrados en las camionetas de detención a la espera del ingreso al Hospital. A los familiares se les niega la información acerca del estado de salud.

Cruz del Eje

Internos del pabellón E2 denuncian que se confirmaron 6 contagios y se aislaron a varios detenidos, pero que no hay información sobre su estado de salud ni se testea a los 70 que  tuvieron contacto estrecho con ellos.

Desde el jueves 1 de octubre realizan una huelga de hambre para reclamar pacíficamente, pero no sólo no reciben respuestas sino que el sábado los golpearon y amenazaron. Hace casi 200 días que no reciben visitas, por lo que denuncian que los contagios son responsabilidad del servicio penitenciario y las fallas en los protocolos.

La incertidumbre de no saber cuántos infectados hay, la falta de asistencia, la negativa a que sus familiares les puedan enviar barbijos y la falta de información, los llevan a reclamar a la Justicia y al COE por la desesperante situación que están viviendo.

El reclamo también se hace sentir afuera

Los familiares de las y los detenidos se organizan y protestan. Hubo concentraciones frente a Tribunales 1 y 2 en Córdoba capital y frente al penal de Río Cuarto, en muchos casos la respuesta fue la represión violenta, además del hostigamiento y castigo a los detenidos en represalia por las acciones que sus familiares realizaron fuera.

Las denuncias son las mismas en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia: hay sobrepoblación, hacinamiento y maltratos, faltan elementos básicos de higiene, medicamentos y atención médica tanto para contagiados de coronavirus como para otras patologías, no se hacen todos los hisopados y no se informa a los familiares el estado de salud de quienes están adentro. Las carpas sanitarias que inauguró el propio gobernador Juan Schiaretti prácticamente no se utilizan porque no tienen personal.

La Justicia niega todo

Dicen que la venda en los ojos de la imagen que simboliza a la Justicia es para representar la imparcialidad, en este caso parece que la venda tampoco permite ver la realidad que estalla frente a sus ojos.

El habeas corpus colectivo presentado por la legisladora Luciana Echevarría recibió como respuesta sucesivos decretos de diferentes juzgados y se produjo un conflicto negativo de competencia, es decir, los juzgados del interior se abstienen de intervenir porque consideran que, por las características del habeas corpus colectivo, corresponde que sea un solo juzgado el que los tramite con efectos a toda la provincia. Como es el juzgado de control N° 2 es el que primero intervino, éste debe tramitar íntegramente la causa. Sin embargo, ese juzgado determina que las cárceles del interior no son parte de su competencia. En síntesis, mientras se pasan el habeas corpus de un juzgado al otro, se deniega la justicia a la población carcelaria del interior.

Aunque se excusan en la cuestión de la competencia, tanto los juzgados de San Francisco, Río Cuarto y Villa María, como el Juez de control de Córdoba capital, consideran que podría existir un agravamiento de las condiciones de detención.

Contradictoriamente, y produciendo lo que la doctrina jurídica denomina escándalo jurídico, el juez de ejecución penal de 2da nominación de la capital, rechazó en su totalidad el habeas corpus, por considerar que no hay agravamiento de las condiciones de encierro en las cárceles. ¿En qué se basa para esta determinación? en un informe del Servicio Penitenciario obtenido fuera de este proceso judicial, que afirma que se están cumpliendo los protocolos y que la situación está controlada.

Los contagios masivos en las cárceles producidos en septiembre y los numerosos testimonios de internos y de familiares de las diferentes localidades de la provincia demuestran una realidad completamente diferente a la que declara el Servicio Penitenciario y es alarmante que la justicia no los considere.

Las idas y vueltas de la justicia no son más que maniobras para no dar respuesta a la situación. Detrás, se esconde el interés del poder político que pretende demostrar que tiene todo bajo control mientras abandona a la población carcelaria.

La violación sistemática de los Derechos Humanos que históricamente se mantiene en las cárceles, está tomando una nueva dimensión con la llegada de la pandemia y la inacción de las autoridades anuncia una verdadera masacre.

Guadalupe Limbrici

[1] https://www.facebook.com/librorebelion

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