Chubut. ¿Universidad de las violencias?

En las últimas semanas tomaron estado público gran cantidad de situaciones de violencias, acosos y abusos en la Universidad Nacional de la Patagonia. Según afirman desde la institución, se están investigando. En paralelo, un enorme triunfo en Trelew con la cesantía del violento Bruno Sancci. Los casos, lo que falta, y el doble discurso.

Semanas atrás, vía un medio local en Esquel se visibilizaron situaciones de acoso de parte de docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. La respuesta de la universidad fue una comisión armada sobre la hora y específicamente para tratar este caso. Hasta ahora se conoce la suspensión de dos docentes por 90 días.

Paralelamente, en la sede de Comodoro los movimientos de las redes sociales y los grupos de WhatsApp hicieron lo propio con situaciones similares en la Facultad de Ciencias Naturales. En esta oportunidad se trata de un estudiante acosador que persigue a las compañeras por los pasillos de la universidad, generando el lógico temor de no saber hasta dónde puede avanzar esta situación.

En la misma sede de Comodoro, el viernes 10 se encontró en los baños del piso de la Facultad de Ingeniería un papel escrito a mano de una persona que pedía auxilio. Ante un pedido de este tipo, la universidad no tuvo ningún lineamiento de actuación, ya que al comunicar a las autoridades sobre el hallazgo del papel la respuesta de acción fue meramente recorrer las instalaciones de la universidad.

¿Protocolos?

La Universidad Nacional de la Patagonia cuenta con el antecedente durante el período lectivo 2016 de tener a la primera facultad con una Comisión de género que actuaba en casos de violencia y un protocolo para ello. Es la Facultad de Humanidades en la sede de Comodoro, donde quien escribe junto a compañeras estudiantes y dos docentes conformaban la comisión que creó el incipiente protocolo que servía para la actuación en los casos que se tomaban.

A partir de esto, en los años posteriores la universidad empezó a trabajar en un protocolo para toda la institución, y a la vez en la conformación de comisiones que actúen sobre ello. Hay resoluciones que datan de la existencia del protocolo y de las comisiones en las distintas sedes desde 2019. Pero la realidad dista mucho de lo escrito. Recién en mayo de este año se crea un acceso directo y visible en la página web de la universidad para acceder a este material, a la vez que se publica el mail a donde deberían ir dirigidas las denuncias.

Si bien entendemos que hay una preocupación colectiva sobre los casos que están sucediendo, la realidad es que no se destina presupuesto para combatir este tipo de violencias. En vez de preocuparse, la universidad necesita ocuparse. Todas las personas designadas a conformar las comisiones de las distintas sedes lo están ad-honorem y no existe un espacio destinado a esos fines, para una escucha atenta en la toma de denuncias, o un lugar visible al que recurrir, más que un simple mail en la página web. La visibilidad no lo es todo, se tienen que tomar medidas institucionales; pero en nuestra universidad no hay herramientas de capacitación, sensibilización ni algo más simple como carteles de visibilización.

Si nos organizamos…

Contamos con la fuerza del triunfazo de las compañeras de Trelew en los últimos días, que se materializó en la cesantía al docente Bruno Sancci, denunciado en 2019 por múltiples violencias. Celebramos junto a las estudiantes y docentes que denunciaron colectivamente y lograron triunfar, pero sabemos bien que no será el último caso, y a la vez es preciso problematizar que ese proceso llevó 3 años y si se sostuvo fue esencialmente gracias a las redes feministas que se tejieron en la institución y en las calles. Mientras se sigan produciendo acosos y violencias, se requiere de respuestas hoy.

Las mujeres y las disidencias tenemos el derecho de estudiar y vivir sin violencias, tenemos la Ley 26.485 de orden nacional que implica la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; pero poco se cumple por carecer de presupuesto suficiente para hacer efectiva su aplicación en las provincias. Resulta evidente que si desde Nación, el presidente Alberto Fernández -el mismo que dijo que le iba a poner fin al patriarcado- no jerarquiza la pelea contra la violencia de género, es más difícil aún que se haga en las instituciones.

Es por eso que necesitamos más que nunca organizarnos en las calles para exigir que la ministra de Género Gómez Alcorta no sub-ejecute el escaso presupuesto y en la universidad para exigir las capacitaciones correspondientes para quienes actúan ante estas situaciones, junto a una partida presupuestaria propia para hacerlo efectivo. Que el protocolo no sea papel mojado, que se mejore, supere y proponga la actuación preventiva y que los profesionales actúen permanentemente y bajo control de las organizaciones feministas y disidentes que hacen parte de la comunidad universitaria. Que se respeten y cumplan las leyes 26.485 y Micaela para capacitar con perspectiva de género. Porque tirar al patriarcado, no es sólo una consigna para carteles, es una consigna de lucha que se debe dar en todos los ámbitos, y mucho más en la casa de estudios donde se forman las, los y les profesionales de la sociedad. Fortalecidas por el triunfazo en la sede Trelew, tenemos la tarea de luchar por universidades libres de violencias.

Emilse Saavedra, ex miembro de la Comisión Contra el Acoso de la Facultad de Humanidades, sede Comodoro Rivadavia.

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