Canje de deuda por naturaleza. La política del gobierno para la transición ecológica 

Del 30 al 31 de octubre de 2021 se realizó en Roma la 16° Cumbre del G-20, la reunión de presidentes y ministros de finanzas de las veinte mayores economías del planeta. Apenas un día después, entre el 1 y el 12 de noviembre, los mismos ministros y presidentes se reunieron en Glasgow, en la 26° conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26). Como en las conferencias anteriores, la reunión formal sesionó en salones y pasillos donde se ajustaban las últimas negociaciones entre funcionarios de los gobiernos, organismos multilaterales, empresarios, bancos, fondos de inversión y ONGs. Afuera, la cumbre de los pueblos marchaba y sesionaba en forma paralela, con casi ninguna esperanza de que los resultados de la COP fueran a favor de los pueblos.  

En esta nota pretendemos exponer algunos elementos para complementar la caracterización de la política ambiental del gobierno argentino y de lo que se viene para los próximos tiempos en materia de transición ecológica impulsada por los capitalistas. 

La “nueva arquitectura financiera internacional”: balance del 2021 y perspectivas para 2022 

El capital siempre utilizó a la naturaleza como surtidor de donde extraer materia prima, alimentos, energía y trabajo humano, y como sumidero de residuos producto de su irracionalidad productivista. Está en la base de la acumulación de capital, es su naturaleza. En el caso de los países del sur, esta explotación se realiza para pagar políticas públicas sociales, salarios, subsidios a las empresas privadas y también para financiar la fuga de capitales y pagar la deuda externa, promoviendo más extractivismo minero y de hidrocarburos, los agronegocios, las granjas porcinas y el avance de la deforestación. En síntesis, destrucción ambiental generalizada. Lo hace también abaratando el costo laboral y el acceso a la tierra por grandes capitales, cambiando producción de alimentos por biocombustibles cada vez menos baratos, desatención a la salud y las condiciones de vida del pueblo, con beneficios impositivos y debilitamiento de controles que favorecen a estos grandes capitales.  

El cambio climático viene acelerando, tal como muestran los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), órgano de apoyo científico y técnico del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La necesidad de lograr definiciones para no superar los 2°C de aumento de temperatura por sobre niveles pre-industriales y en lo posible, que este aumento se limite a 1,5° o para fomentar el cumplimiento de compromisos previos, enmarcados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable asumidos en la COP 21 realizada en 2015 y documentados en el Acuerdo de París, se vieron frustrados una vez más durante el 2021. Esta frustración tiene al menos dos explicaciones. La primera es la dificultad en llevar adelante las propuestas, ya que significaría que los más ricos y las clases medias del planeta deberían consumir menos y de manera diferente, más sustentable y más saludable; pero también y sobre todo, acelerar la transición energética, principalmente con electrificación del transporte y eso no es negocio, todavía, ni para las empresas petroleras ni para las automotrices entre otras, que deberían avanzar en sus propias transiciones, con menos uso de energía y materias primas en los procesos productivos, en un mundo manejado por el mercado.  

Entre las reuniones previas vale la pena rescatar dos que fueron protagonizadas por el gobierno del Frente de Todos. El 22 abril, el Día Internacional de la Madre Tierra por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se realizó una pre-cumbre preparativa en la que participaron el presidente Fernández, el canciller Felipe Solá y Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La propuesta argentina se alineó con el New Green Deal de Biden y su internacional progresista, pero también fue compartida por Bolsonaro, Duque, Piñera, López Obrador y Macron, y apoyada por el Papa Francisco.  

La propuesta argentina consistía en la “movilización de recursos concesionables y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral, con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática […] para mejorar nuestro medio ambiente”. Nuestro país se comprometía a elaborar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, a presentarse en la COP 26 de Glasgow, con nuevos compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, cambios en la matriz energética y mejoras en la eficacia de la industria, el transporte y la construcción. Entre los compromisos se incluía la promoción de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta, el impulso a la producción y exportación de hidrógeno verde y ponerle freno a la deforestación ilegal. Consultado por la prensa, el ministro Cabandié informaba el 24 de abril que para enfrentar estos compromisos la propuesta argentina consistiría en el canje de deuda por servicios ecosistémicos. En la cumbre del G20 de Venecia primero y luego en Glasgow, el gobierno argentino formalizó esta propuesta.   

La propuesta argentina apunta a intensificar la incorporación de las cuestiones ambientales en los mercados y bolsas donde cotizan los bonos de la deuda. Como afirma Vida Silvestre, una de las principales fundaciones impulsoras los mecanismos de canje por : “El sector financiero está pidiendo que se considere el ambiente como parte de la deuda soberana”. Va en línea también con la iniciativa de plan financiero para salvar al planeta impulsada por The Nature Conservancy (TNC), que lo presenta en su informe Financiando la naturaleza: Cerrando la brecha financiera global de la biodiversidad. Estas son apenas dos de las grandes organizaciones no gubernamentales que en inglés se agrupan bajo el acrónimo B.I.N.G.O, para ellas  la utilidad de la naturaleza es como fuente de especulación y obedece a la lógica de la timba financiera.  

En una nota anterior, de abril de 2021, explicamos el funcionamiento de las finanzas verdes y denunciamos el proceso de privatización de la naturaleza, los avances en su incorporación como negocio por parte de los grandes capitales y la complicidad del gobierno nacional, desde 2019 con Macri y profundizada por el actual gobierno del Frente de Todos, representada por la regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores y el inicio de la emisión de bonos verdes, sociales y sustentables entre fines de 2020 e inicios del 2021. En los meses siguientes fueron apareciendo noticias en el mismo sentido, principalmente por parte de la provincia de Misiones, pero cuenta con antecedentes desde el 2018 por las provincias de Jujuy, La Rioja y CABA, todas gobernadas por Cambiemos y el Frente de Todos.  

En 2021 la provincia de Misiones tomó la posta en las finanzas verdes. En primer lugar, solicitó al gobierno nacional 110 mil millones de pesos para mantener en pie la selva paranaense en la provincia, para compensar los ingresos que obtendría en caso de que decidiera avanzar en el cultivo de soja. El segundo paso fue la emisión de bonos verdes, ingresando de este modo en el mercado de bonos de carbono en manos de los grandes capitales transnacionales. Entre los primeros interesados estuvieron compañías petroleras presentes en Argentina, que adquiriendo bonos de carbono compensarían las emisiones que generarían durante la operación, como es el caso de British Petroleum y la alianza entre Mercuria, principal accionista de Phoenix Global Ressources. Esta última está a su vez asociada con Chevron en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. 

La propuesta de canje de deuda por naturaleza que impulsa el actual gobierno y que cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores de derecha profundiza el esquema depredador. 

¿Cómo funciona el canje de deuda por naturaleza? 

El canje de deuda en general no es algo novedoso, sus primeros antecedentes datan de la década de 1980 y son soljo uno de los múltiples instrumentos puestos en práctica en las negociaciones de nuestros países con los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el Banco Mundial, el Club de Paris e incluso los fondos buitre.  

En Argentina el primer paso en el camino del endeudamiento fue la estatización de la deuda que grandes capitales nacionales del sector privado habían contraído en el exterior, que en lugar de invertir esos fondos los volcaban en la especulación y fuga de capitales. Esta estatización se realizó en 1981 y 1982 durante el gobierno de la dictadura y los grupos Macri, Pérez Companc y Banco Galicia fueron tan solo algunos de los tantos favorecidos. Esta deuda fue reconocida al año siguiente por el gobierno de Alfonsín y llevaron a planes de ajuste, recortes de gasto público y privatizaciones, aplicados por los gobiernos de Menem y De la Rua, fue pagada también por los gobiernos de Kirchner, CFK, y Macri y ahora por el de Alberto Fernández. Los canjes son recortes en el capital de la deuda que hace el acreedor, a cambio de algún beneficio que otorga el deudor. Los intereses no entran en estas negociaciones pero al reducirse el capital, el monto de esos intereses también baja. 

Hasta el momento, los canjes de deuda realizados por los gobiernos argentinos fueron mediante emisión de nuevos bonos de deuda externa, con varias generaciones, reemplazos por nuevos bonos, generando nuevos intereses y también son parte de las revisiones periódicas como las que realiza  el FMI. Otras modalidades, aunque no consisten formalmente en canjes de deuda, son los swaps suscritos entre el Estado nacional y China, que funcionan como adelantos de fondos y aportes directos para el financiamiento de las represas del río Santa Cruz y otras grandes obras de infraestructura de energía y transporte integradas en el plan quinquenal, negociado por la ex presidente Cristina Fernández y firmado por Macri, que se devuelven a cambio de rebajas y beneficios en las exportaciones de productos o recursos extraídos en Argentina, en general empresas chinas y con destino a ese país.  

Un canje de deuda, en general, es un acuerdo de intercambio voluntario, entre el acreedor y el deudor, y puede ser mediante pago o reducción de la deuda a cambio de dinero en efectivo; aunque por lo general es por emisión de un nuevo bono con diferentes condiciones, intereses y plazos de pago. En general, en países como el nuestro estos canjes implican privatizaciones, desregulaciones y ajustes a cambio de facilidades de pago y reducciones del monto de capital.  

El canje de deuda por naturaleza, en particular, es un mecanismo que potencia la concentración de tierras, la especulación inmobiliaria rural y la financiarización de la naturaleza en manos privadas por parte de capitales nacionales y transnacionales. Es facilitado por los Estados e intermediado por organizaciones no gubernamentales (ONG) “conservacionistas” nacionales e internacionales. La conservación entra en juego como un commoditie y uno de los incentivos es la rebaja de impuestos rurales en donde éstas se constituyen y en los países de origen de los donantes. Otro, más conocido y más reciente, es el cobro por “servicios ambientales”,  por la emisión de bonos verdes por parte de terratenientes y de los Estados, en áreas de bosques nativos o implantados que pueden ser vendidos, utilizados para compensar emisiones de CO2 e incluso por la obtención de permisos de deforestar en otra zona. También entran en este tipo de financiamiento de la naturaleza los bonos verdes, sociales y sustentables emitidos desde el año pasado y regulados por el gobierno nacional para financiar la construcción de parques eólicos, granjas de paneles solares y por ahora muy escasas y pequeñas iniciativas de producción de hidrógeno. 

Muchos de estos bonos cotizan en las bolsas internacionales y nacionales. Es una herramienta enmarcada en mercados de capitales globales, pintados de verde, a los que solo les interesa la naturaleza mientras le sea útil para aumentar su acumulación de capital y que, como en otros rubros, puede dar lugar también al estallido de burbujas especulativas. El resultado es por un lado la selección de áreas que serán “conservadas”, dejando las demás sin ningún incentivo; por otro, el despojo y desplazamiento forzado de poblaciones campesinas e indígenas que hacen uso del bosque o ecosistema de manera tradicional y más sustentable, para que sean protegidos por el capital. Estos capitales ganan aunque el bosque se incendie. Poco estudiados, los seguros ambientales también sirven para compensar a los capitales en caso de desastre y como también se basan en acciones, bonos y reaseguros, son otro mecanismo más, indirecto en este caso, de financiarización de la naturaleza. El tercer gran actor son las agencias de certificación, que verifican qué tan verdes son las acciones de conservación y los bonos, nuevamente se trata de capitales transnacionales y son parte de las negociaciones cuando se trata de canjes de deuda por naturaleza. 

El canje de deuda por naturaleza es una reducción de la deuda externa de un país con los organismos acreedores internacionales donde un organismo multilateral, gobierno, banco o fondos de pensión acreedores compran bonos que emite el país deudor. Con ese monto, los acreedores pueden adquirir empresas estatales o tierras fiscales, establecer condiciones para una mayor inserción del país deudor en los mecanismos de financiación de la transición energética, la promoción de la explotación de minerales de transición como litio o cobre entre otros y la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques y biodiversidad. Este mecanismo fue propuesto en 1984 por la Fundación Vida Silvestre (WWF) actualmente denominada Fondo Mundial para la Naturaleza. 

Las grandes organizaciones conservacionistas internacionales (WWF, The Natural Conservancy, GreenPeace, Rainforest Action Network, Green Cross International y otras) forman parte de las BINGO (Big International Non Governmental Organisations) y son las mayores receptoras de recursos financieros destinados a la protección y conservación de la naturaleza a nivel mundial y las mayores promotoras de los canjes de deuda. Entre sus socios nacionales aparecen organizaciones como Aves Argentinas, Banco de Bosques, Rewilding Argentina, Vida Silvestre y otras, aunque algunas no participan directamente en los canjes. Los aportantes a estas ONG suelen ser parte del 1% más rico del planeta: empresas como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Coca Cola, Nestlé y otras grandes corporaciones y laboratorios de la industria farmacéutica. 

Hay dos modalidades de canje de deuda por naturaleza, que se encuentran bien explicados en el portal Diálogo Chino. Una primera opción son los acuerdos bilaterales, donde intervienen por un lado un acreedor (país, banco, fondo de pensión, etc.) y un país deudor. En la negociación se acuerda una reducción de la deuda en capital por parte del acreedor, y a cambio el país deudor constituye un fideicomiso para financiar proyectos ambientales en moneda local.   

La segunda modalidad es trilateral. En este caso, ONG orientadas a la conservación reciben apoyo de fondos de ayudas para el desarrollo o de protección ambiental de países del norte, pero también fondos de pensión y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI o la ONU, además de aportantes particulares. Con estos fondos compran  bonos de deuda en dólares, emitidos por el país deudor, en los mercados secundarios, en las bolsas donde estos bonos cotizan, normalmente con un descuento por parte de los organismos acreedores. En este caso, es la ONG la que negocia con el país deudor la condonación de la deuda a cambio de financiar en moneda local actividades de conservación o de transición ecológica, incluyendo el extractivismo de minerales de transición como el litio o el cobre e incluso de gas o la promoción de los biocombustibles. Además buscan imponer a los países deudores regulaciones financieras propicias, leyes y subsidios para fondos de apoyo a la conservación, de compensación de emisiones mediante servicios ambientales, patentamiento de especies y la biodiversidad y cesiones de tierras, siempre disfrazadas con discursos verdes pero donde el fin último es la acumulación de capital.  

Romper con el FMI. Por un plan de transición ecosocialista 

En el caso de Argentina, la combinación de crisis social y aumento de la pobreza agravada por el Covid-19 y el ahogo financiero por la deuda externa actúan apuntando al despliegue de este tipo de mecanismos de canje de deuda por naturaleza. La nueva ley de hidrocarburos que se pretende tratar en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación en los meses de enero y en febrero se sumará a los nuevos incentivos para que el país subsidie a estas empresas extractivas, principalmente de gas pero también de hidrógeno “verde” y litio, y financie los programas de las llamadas tecnologías verdes para la producción de parques eólicos y granjas solares por parte del capital privado.  

Como consecuencia de estas operaciones, en muchos países terminan comprometidas la soberanía alimentaria y energética, la propiedad comunitaria de la tierra, el acceso a bosques y al agua, las posibilidades de establecer planes nacionales o regionales de manejo del ambiente o de autodeterminación de los territorios indígenas. Otra estrategia para estos canjes es el financiamiento de programas de conservación, la apropiación de grandes porciones de territorio y la expulsión de pueblos indígenas y campesinos. Los bonos verdes son también aliciente a la proliferación de grandes plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido como el pino y el eucaliptus, como estrategia de promover la captación de gases de efecto invernadero.  

Además de intentar arrojar un poco de luz para entender la política ambiental y de transición ecológica que se propone llevar adelante el gobierno, en estos párrafos se busca también establecer los lazos entre estas políticas y las políticas de ajuste que se busca imponer de la mano de la deuda externa, por propuesta del Frente de Todos en acuerdo con el FMI y la oposición de derecha.  

Los conflictos actuales más candentes  se dan en Misiones, donde junto a  empresas forestales, el Estado provincial se asocia al extractivismo de hidrocarburos en Vaca Muerta mediante la emisión de criptomonedas públicas por preservación de la selva, los bonos verdes promovidos por transnacionales del fracking como Mercuria y Phoenix Ressources y con organizaciones no gubernamentales conservacionistas donde sus mayores aportantes son también grandes capitales; en la vecina Corrientes donde además de conservacionistas como Rewilding, operan fondos de pensión, incluyendo de la Universidad de Harvard. Rewilding es el nuevo nombre de la conocida Tompkins Conservation y está también en Santa Cruz y Tierra del Fuego junto con otras ONGs nacionales. Están también en conflicto en Río Negro, donde producto de negociaciones realizadas en Glasgow se pretende avanzar en el desarrollo de hidrógeno verde con fondos de la transnacional australiana Fortescue; en Neuquén y Chubut con los parques eólicos financiados con bonos verdes y en otras provincias, y son apenas una aproximación de lo que se viene si no conseguimos frenar esta avanzada. Estas iniciativas, en caso que el gobierno nacional avance con el canje de la deuda traerán más desregulaciones y nuevas apropiaciones de territorios, tierras, agua y más extractivismo de litio y cobre.  

En el escenario actual ya están muy comprometidas las condiciones de reproducción social (agua, suelos, alimentos, etc.), y si prospera el plan del gobierno el riesgo será aún mayor. Por eso debemos romper el cerco y avanzar en el no pago de la deuda fraudulenta, hambreadora y expropiadora de estas condiciones. También está en riesgo la vida humana en el planeta, si dejamos que la transición la manejen el sector financiero, los organismos internacionales y sus socios locales.  

Porque la deuda es con el pueblo y la naturaleza y porque las soluciones a problemas globales exigen respuestas globales, es necesario romper con el FMI y los organismos multilaterales de crédito. Más que nunca debemos avanzar en un plan de transición ecosocialista, donde las decisiones sobre las formas en que producimos y consumimos sean tomadas por los trabajadores y los pueblos que habitamos los territorios. Teniendo en cuenta que se trata de problemas globales, donde enfrentamos medidas que se toman a escala global, son tareas que debemos encarar también en esas escalas globales, articulando nuestra organización, la Red Ecosocialista del MST en Argentina, con otras organizaciones socioambientales del país y con las agrupaciones ecosocialistas de las organizaciones hermanas en la Liga Internacional Socialista. 

Alejandro Schweitzer 

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