Finalmente el ministro nacional de Agricultura, Luis Basterra, reabrió completamente las exportaciones de maíz. Su suspensión provisoria fue el detonante del actual conflicto con los exportadores y productores del cereal que lanzaron medidas de protesta y un lockout patronal. La Mesa de Enlace, en tanto, anunció que al finalizar el día de hoy concluirá con el “paro de comercialización” iniciado el lunes pasado.
Este “acuerdo” entre las patronales agrarias y el gobierno de Alberto Fernández tuvo varias idas y vueltas en su concreción. Al principio, en las reuniones del ministro del área con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se habría llegado a un principio de conciliación, ya que “aparecieron” 10 millones de toneladas de grano, más que suficientes para abastecer al mercado interno durante los próximos 60 días. Pero luego, esa primera negociación pareció quedar de lado y se escucharon voces críticas como la de Juan Grabois.
A su vez, en la madrugada del pasado lunes 11, el Ministerio de Agricultura “anunció un acuerdo entre exportadores de cereales y productores de carnes para garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno”. El gobierno aclaró que aún no se habían logrado “definir con exactitud ni cantidades ni precios de ese acuerdo marco” y se fijaba un límite de registro de 30.000 toneladas por día “a fin de garantizar la demanda interna”[1].
La medida de las patronales agrarias careció de la contundencia de otras oportunidades, ya que según lo informado, incluso por medios afines al gobierno nacional, se limitó a algunas fotos de camiones y toma de patentes, unos pocos cortes y controles de carga y concentraciones a la vera de las rutas en algunos puntos del interior. También hubo roces entre los distintos sectores de las entidades agrarias participantes de la protesta, como el producido en Bell Ville cuando distintos productores enfrentaron a miembros de la Federación Agraria agrupados en Agricultores Federados Argentinos (AFA), a los que acusaron de “estar enviando camiones al puerto”.
Parece que esta presión alcanzó y ayer el gobierno prometió levantar por completo las restricciones a las exportaciones de maíz y suplantarlas por un “monitoreo” del saldo exportable para que no peligre el abastecimiento interno. También prometió reunirse con la Mesa de Enlace, con la que hasta ahora había evitado contacto directo.
El retroceso del gobierno fue completo. Incluso, como lo confiesa el ministro Basterra en una entrevista con Víctor Hugo Morales, esa limitación de 30.000 toneladas diarias para la exportación duplicaba el promedio de la exportación real de diciembre, que osciló entre las 15 y 16.000 toneladas.
El flamante convenio contempla además la constitución de un fideicomiso privado entre consumidores y proveedores de maíz con el objetivo de desacoplar los precios del mercado internacional del local y garantizar el abastecimiento interno. Algo de muy dudosa concreción sin intervención del Estado, en momentos en que con la soja a la vanguardia tocando los 525 dólares la tonelada, los precios de los cereales siguen trepando en el mercado internacional. También se otorgan a los productores los beneficios del FOGAR (Fondo de Garantía del Ministerio de Producción) para garantizarles la cobranza y la posibilidad de líneas de crédito a tasa subsidiada.
O sea, en el momento en que las exportadoras y grandes productores del cereal se ven beneficiados por un fuerte aumento de los precios en el mercado internacional, lo que hacía peligrar el abastecimiento interno, ya que por la especulación muchos compradores señalaron que sólo se conseguía maíz a precios exorbitantes y esto pegaba directamente sobre el precio del producto final que pagamos todos… el gobierno lanza una tímida medida provisoria y finalmente retrocede en toda la línea.
Los berrinches de Katopodis y Grabois contra la desmesura de las patronales agrarias fueron sólo un suspiro para la campaña electoral. Encima, la presión de los precios internacionales, sin ninguna medida estatal de control efectivo, seguramente va a hacer de este acuerdo algo frágil y provisorio. Los perjudicados somos los de siempre: los trabajadores y mayorías populares, que vemos y veremos subir los precios de los derivados del maíz todos los días en el supermercado o el chino del barrio.
En síntesis: ganancias para las agroexportadoras y grandes productores agrarios, pero más hambre para el pueblo. Sólo estatizando el comercio exterior y con una profunda reforma agraria que expropie a los terratenientes y grandes capitalistas del campo se podrá cambiar esta perversa lógica capitalista de que cuanto más se enriquecen los de arriba más nos empobrecemos las mayorías.
[1] Página 12, 11/1/21.