viernes, 24 mayo 2024 - 19:19

Basta de persecución. Criminalizan a los movimientos sociales y a la izquierda 

El 2 de mayo nos notificaron de una causa judicial del gobierno porteño contra Alejandro Bodart y otros dirigentes por marchar el 20 de diciembre. El 9 de mayo, en Pompeya, detuvieron a doce camioneros por un piquete durante el paro general. El 13 de mayo, en Avellaneda, allanaron 27 domicilios de referentes de movimientos sociales. Y los grandes medios redoblan su campaña para demonizar a dichas organizaciones y a la izquierda. 

Ningún ajuste pasa sin palos. El de Milei, menos. Como su plan de miseria y entrega es más brutal, intenta endurecer la represión porque sabe que hay y habrá más resistencia del pueblo trabajador. Milei y su gobierno critican al Estado, pero sólo para achicar todas las áreas que cubren derechos: salud, educación, cultura, salarios estatales, jubilaciones y pensiones, ayuda social, ciencia y técnica, derechos humanos y de género, empresas públicas. En cambio, fortalece al aparato represivo sin el cual el Estado capitalista no duraría ni un minuto. 

Los gobiernos previos también aplicaron mano dura, como Alberto y Cristina con la represión de Berni en Guernica o con sus leyes «antiterroristas». Pero Milei va más allá y pretende cambiar el régimen político vigente por otro mucho más autoritario, totalitario, con superpoderes para él, un Congreso-escribanía, una justicia adicta 100% y mayor represión y control social. Un ejemplo es el protocolo de Bullrich, que impugnamos en la justicia por inconstitucional y cuya competencia debe resolver la Corte Suprema. 

El gobierno endurece la persecución policial-judicial. Al mismo tiempo, en el Congreso, la Legislatura porteña y otras provincias presentó proyectos de reformas que atacan un derecho democrático básico: el derecho a la protesta social. Este derecho a peticionar a las autoridades incluye tres aspectos: el derecho de asociación -a organizarse-, el derecho de reunión -a movilizarse- y la libertad de expresión. Además, todo esto está reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos, firmados por el Estado argentino hace años. 

Allanamientos, causas, ofensiva mediática 

El 20 de diciembre, Bullrich se quedó con la sangre en el ojo. Amenazó y saturó de policía, pero no pudo impedir que el sindicalismo combativo, los movimientos sociales; el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Unidxs por la Cultura y la izquierda marcháramos a Plaza de Mayo e hiciéramos un gran acto en el aniversario del Argentinazo de 2001. Pero aparte de mandarnos multas ilegales a las organizaciones que participamos ese día, Bullrich inició causas. 

Una fue a través del gobierno de Jorge Macri y la justicia contravencional-penal, en CABA, por «obstruir el tránsito». Según el expediente identificaron a 62 manifestantes e imputan a 38, sobre todo referentes y militantes de izquierda, como nuestro dirigente Alejandro Bodart, Myriam Bregman y Néstor Pitrola. El compañero Luis Orellana, del CADHU, es el abogado defensor de Bodart. 

Por la otra causa penal, iniciada el mismo 20D, hubo operativos el lunes 13 contra integrantes del FOL, Polo Obrero y Barrios de Pie por supuesta «extorsión» a beneficiarios de planes sociales e incautaron celulares y computadoras. Fueron allanamientos ilegales, al estilo dictadura: sin luz diurna ni notificación previa, a punta de pistola, rompieron puertas y hasta apagaron las cámaras de seguridad internas de un local. Acusan a las organizaciones piqueteras de amenazar con «bajar el plan si no te movilizás», cuando es el gobierno quien extorsiona al difundir que «el que marcha o corta no cobra». Así Milei busca desalentar las protestas y ocultar que crecen la pobreza y la bronca social. 

Este apriete lo bancan los grandes medios, con su repugnante campaña de calumnias contra las organizaciones sociales y la izquierda. Un ejemplo es Jonatan Viale, que en su programa ¿La ves?, por TN, del lunes 13, atacó al FIT Unidad con insultos, mentiras y puso en pantalla nuestra boleta electoral porteña con el subtítulo Ladrones de pobres. ¡Un felpudo del gobierno, que es el verdadero ladrón de pobres! 

Proyectos represivos e inconstitucionales 

Como la ley bases original fracasó, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich le sacó el capítulo de reformas penales y las presentó aparte. Quieren reformar el Código Penal para transformar derechos en delitos, endurecer la persecución a la protesta social y otorgar más poderes e impunidad a la Policía Federal y demás fuerzas de seguridad. Varios diputados peronistas comparten ese rumbo punitivista, que incluye la reiterancia que ya rige en Mendoza y otras provincias. Veamos algunos de tales proyectos: 

  • Datos genéticos. Se incluirían en el Registro Nacional todos los delitos, así sean leves. Bastaría con acusar a alguien de cualquier delito para que el Estado pueda retener sus datos genéticos hasta por un siglo, en un sistema compatible con el del FBI. ¡Oh casualidad!, uno de los expositores a favor de este proyecto fue un empresario que vende esos sistemas… 
  • «Orden público». Legalizan y dejan impune el gatillo fácil al ampliar la excusa policial de legítima defensa y cumplimiento del deber, y niegan el derecho de la víctima o sus familiares a querellar al asesino. Elevan hasta seis años la pena por atentado y resistencia a la autoridad, figura usada para detener al voleo, sin pruebas, con la sola declaración del policía «agredido». Y penalizan el piquete, hasta ahora incluido en el derecho de huelga. 
  • «Reiterancia». Si alguien participa en dos protestas, aunque no tenga condena por la primera le pueden imputar el art. 194 del Código Penal (obstruir el tránsito, aun con una marcha), considerarlo reiterante y detenerlo. A pedido del fiscal, el juez puede dictarle prisión preventiva por reiterancia, convirtiendo el derecho democrático a reclamar en un delito no excarcelable. 
  • Ley «antimafias». No define qué es una organización criminal, o sea que podrían aplicarlo a cualquier organización popular. Permite al Ministerio de Seguridad declarar cualquier zona del país como sujeta a investigación especial y allanar sin orden judicial, pinchar teléfonos y detener por 48 horas sin aviso al juez. Y a todo integrante de una asociación que consideren ilícita le pueden imponer la mayor pena aplicada a otro miembro, aunque el primero no haya participado del delito cometido. A su vez, Jorge Macri presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley, peor que el del Congreso, para modificar el Código Procesal Penal e incluir la reiterancia y otros cambios regresivos e inconstitucionales. 
  • Permite a la policía revisar y requisar la ropa, pertenencias y el transporte utilizado. También permite allanar sin orden judicial previa, en base a figuras imprecisas como personas extrañas o indicios manifiestos. 
  • El código nacional sólo permite la prisión preventiva si hay peligro de fuga o de entorpecer la causa. Macri agrega otro pretexto: peligro de reiteración delictiva, o sea suponer que cometerá un nuevo delito. Se basa en ambigüedades: razones fundadas, excesiva violencia, circunstancias que infieran una alta probabilidad, indicios vehementes… 
  • La reiterancia viola el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que rige en el derecho internacional desde la Revolución Francesa de 1789 y viola el art. 18 de la Constitución nacional: «Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo». 

Hay que parar este avance antidemocrático, casi un estado de sitio. Cualquier laburante que reclame aumento salarial, estudiante que marche por la universidad pública, desocupado que exija empleo o comida, mujer o persona LGBT+ que defienda sus derechos, vecino que salga a la calle por un corte de luz, puede ser criminalizado. Milei y sus socios nos quieren sumisos, esclavos. Unamos fuerzas para derrotarlos. 

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