Esta semana, más de 30 asociaciones audiovisuales le respondieron al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una declaración titulada No va más. El motor de dicha declaración fueron los dichos de Puenzo, en los que se refirió a quienes firmaron en diciembre pasado el documento El año que vivimos sin el INCAA, como “gente que además de lucrar con el cine es deshonesta”.
El sector audiovisual está en constante mutación, sus actores y audiencias; por eso las respuestas que se le exigen al Estado son para ayer. En 2020 el parate en el sector fue total y su recuperación quedó atada a la capacidad y respaldo económico de cada casa productora. Los productores más pequeños ni siquiera contaban con los recursos para costear los protocolos para reactivar los rodajes parados. La desigualdad, una vez más, muestra que ante la crisis las y los que menos tienen son más perjudicados.
El Estado debe responder en tiempo y forma a las necesidades de la producción en toda su diversidad y con perspectiva de género como reclama el momento histórico. Porque a un año del inicio de la pandemia, la normalidad parece una utopía, la segunda ola llegó más rápido que las vacunas. En un contexto en que la crisis económica y la recesión es mundial, es evidente que un sector que sí gano fue el del streaming. Las grandes plataformas aceleraron sus estrategias en la disputa del mercado global. Sigue siendo un debate qué hacer con el impuesto a las OTT (servicios de libre transmisión) y la ampliación del Fondo de Fomento al Cine como la democratización real de todas las formas de exhibición, no como sucede con las cuotas de pantalla para el cine nacional, histórica deuda de todas las salas con la extensa producción nacional.
Sobre las demandas en este año de pandemia, Juan Mascaró, presidente de la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA), resaltó que “la otra pata muy necesaria era la acción del Estado, con la ayuda económica tanto a trabajadorxs del área técnica como a realizadorxs independientes que estuviéramos sin actividad y sin ingreso, sobre todo a partir de marzo del año pasado. Y eso no se produjo o se produjo a cuentagotas. Se entregaron algunas becas que pudieron cobrar algunxs trabajadorxs y técnicxs. Pero, como todo, fue insuficiente y no tuvo continuidad, porque esas becas de 30 mil pesos se pagaron dos únicas veces, no mensualmente. Y también nos consta que mucha gente que quiso acceder no pudo, no fue para todos y todas. Eso se daba a nivel nacional y acá en Ciudad de Buenos Aires hubo más demanda, porque hay más población y no siempre las políticas públicas están a la altura de la cantidad de gente que produce cine o está en la actividad artística”.
Por otro lado, Francisco Márquez (Colectivo de Cineastas), director de La larga noche de Francisco Sanctis y Un crimen común, recientemente estrenada en el cine Gaumont, señaló que la situación de crisis es estructural. Desde su asociación reclaman al gobierno nacional que son ellos quienes “tienen que dimensionar la gravedad de lo que estamos diciendo, lo que está en juego realmente es el futuro del cine nacional y el audiovisual. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir produciendo un cine diverso, la posibilidad de exhibir ese cine diverso, la posibilidad de una producción federal, de una producción federal de series y contenido audiovisual que debería producirse regionalmente y no pensando en las productoras como servicios de las grandes empresas de streaming; es decir, una forma de producir contenido de manera soberana. Se necesita un cambio de orientación total, desde el Colectivo de Cineastas es importante que cambien el Plan de Fomento sacando el sistema de puntaje actual que es restrictivo, que se contemplen reformas de producción, que haya financiamiento para las pequeñas productoras, que se fortalezca el sistema de exhibición nacional con los Espacios INCAA y que se amplíe. Pero nada está en agenda, es como tirar una botella al mar. Por eso, deben tomar nota las autoridades de Cultura y el gobierno nacional, necesitamos un cambio de rumbo porque así esto no va más.”
Por último, Alejandra Guzzo, histórica directora que también integra DOCA, resaltó que “se requiere sostener las formas de financiamiento para la producción del cine independiente y un plan de fomento inclusivo, federal y con perspectiva de género en la que todas las partes tengan voz. Los y las documentalistas de base necesitamos que se respeten nuestras conquistas que expusimos en 2007: un proyecto para que se financie el cine independiente, la necesidad de la transparencia en la elección de los proyectos y de ahí la importancia de los comités, eso no es negociable”. Respecto a las particularidades del sector de documentalistas, cabe destacar que es avanzado incluso sobre perspectiva de género, “cuando al resto de la industria ni se le ocurría incluir mujeres, DOCA y otras asociaciones ya contaban con más del 50% de socias mujeres” y en los primeros puestos hay “muchas mujeres y jefas de hogar produciendo películas que dentro de la gran industria es impensado”. Y esa jerarquía debería ser ponderada al momento de implementar el presupuesto del Fondo de Fomento.
El documento de los realizadores y trabajadores audiovisuales cierra rescatando el potencial del cine y reclama respuestas a la altura con un último y rotundo: así no va más.
Entrevista: Ingrid Urrutia
Politóloga y trabajadora audiovisual