Lejos de los dichos de Malena Galmarini, administradora de Aysa y esposa del nuevo ministro de Economía Sergio Massa, que dijo se trata de una “redistribución de subsidios”, lo que se anunció es un brutal tarifazo que impactará de lleno entre trabajadores y sectores medios y que también afectará a los que consumen la tarifa social, ya que los comercios y empresas pagarán la tarifa plena y la trasladarán a los precios. Más inflación ¿Redistribución? Claro, a los bolsillos de los grandes empresarios de la energía, entre ellos muchos amigos de Massa como Vila y Manzano, y lo que ahorre el gobierno está destinado para cumplir con el FMI. Hace falta otro modelo energético.
Con la presencia de la nueva subsecretaria de Energía amiga de los empresarios del litio, Flavia Royón, convenientemente flanqueada por Federico Bernal, el cristinista ex jefe de Enargas y recientemente nombrado subsecretario de Hidrocarburos; la titular de Aysa, Malena Galmarini; otros funcionarios del gabinete energético como Santiago Yanotti y Cecilia Garibotti, más el secretario de Hacienda Raúl Rigo se anunciaron este martes 16 de agosto los aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua.
Si en algo han coincidido medios opositores y oficiales, políticos y funcionarios del Frente de Todos con los de Cambiemos es en que hay que reducir los subsidios y “ahorrar” energía. En eso no hay grieta. Como de costumbre, el relato que decía que la segmentación era para que el costo del “ahorro” pese sobre los ricos terminó siendo que la mayoría de la población trabajadora en forma directa y hasta los más pobres -que serán afectado por el traslado de los costos de las nuevas tarifas a los productos de la canasta familiar- serán los que verán volver a encogerse sus alicaídos ingresos para poder calentarse o tener prendida la luz.
Los discursos y explicaciones técnicas de los responsables de estos aumentos fueron bastante confusos y dejaron muchas dudas y preguntas entre los que siguieron su conferencia de prensa, como si estuvieran evitando poner blanco sobre negro en torno al massazo que le están propinando a la mayoría de los usuarios de la energía y el agua. Entre tantos datos vertidos, algunos números fueron muy claros: el ahorro fiscal estimado es de $ 47.500 millones para el 2022 y de $ 450.000 millones para el 2023 – U$S 3.175 millones al dólar oficial-.
Otros analistas especulan con que se ahorraran entre 0,4% y 0,5% del PBI, una cifra muy cercana al 0,6% de reducción de subsidios exigido por el FMI a Guzmán cuando todavía la guerra en Ucrania no había estallado. Esas cifras gigantescas son las que pasarán de los ingresos de los trabajadores argentino a los buitres internacionales, mientras los empresarios siguen conservando sus grandes ganancias.
Además, como el costo de la energía que importamos está dolariza y la mayoría de los analistas sostienen que más tarde o más temprano vamos a una devaluación importante, no está claro como esto impactará en las tarifas en ese momento. Pero eso en todo caso será un nuevo ajustazo en el futuro, ahora hay que ver cómo enfrentar el brutal ajuste del presente.
El tarifazo en la electricidad
Un primer dato es que la distribución del consumo eléctrico se divide así: “entre el 41% y el 46% para los residenciales, el 29% para el sector comercial y, por último, entre el 25% y 28% para el sector industrial.” (datos de SAESA de 2019). El sector comercial pagará la tarifa plena.
Según el RASE, se anotaron 8.890.998 usuarios de energía eléctrica del sector residencial. El resultado de la segmentación fue el siguiente:
- Nivel 1: 399.156 (4,49%). Son los usuarios que superan $ 364.758,80 de ingreso familiar mensual total. (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). A estos usuarios se les eliminará paulatinamente el subsidio hasta que paguen la tarifa plena en enero de 2023.
- Nivel 2: 5.040.120 (56,69%). Son los que reciben la tarifa social por no superar los $ 104.216,80 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC). Ya tuvieron un aumento del 20% a principios de año –como el resto de los usuarios-, no perderán el subsidio ni se modificará, en principio, su tarifa. El impacto de los aumentos lo sufrirán a partir del traslado a los costos de los productos que realizarán comerciantes y empresarios.
- Nivel 3: 3.451.722 (38,32%). Son los llamados sectores de ingresos medios. Con ingresos totales mensuales entre $ 104.216,80 y $ 364.758,80 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Estos usuarios conservarán el subsidio hasta un tope de consumo de 400 kwh mensuales por familia. Este tope se extiende hasta los 550 kwh para las zonas que no cuentan con redes de gas natural. Todo lo que exceda el tope recibirá la tarifa plena. Existe un cuestionamiento en torno a los promedios que brindan las autoridades, por debajo de esa cifra. Hay muchos ejemplos de consumos populares familiares por arriba, por familias numerosas, aparatos deficientes en el uso de energía, falta de red de gas natural, etc.
Pese a los anuncios previos es todavía incierto el cuadro tarifario completo en la electricidad. Por un lado, hay 4 millones que no se anotaron y se sospecha que muchos de ellos no lo hicieron por pertenecer a las capas más bajas de la población sin acceso cotidiano a internet. Hay además una gran dispersión en torno a los cuadros tarifarios de muchas provincias y el AMBA. Si bien el costo mayorista es el mismo, existe una gran diversidad en torno a impuestos y tasas en la boleta. Por ejemplo, Tucumán tiene las tarifas más altas.
Tarifazo en el gas
Aquí la segmentación es más compleja ya que se divide no solo por ingresos, sino por zonas climáticas del país. Por ejemplo, en Santa Cruz se consume 11 veces más gas que en Buenos Aires. Existen 8 categorías distintas. Se divide primero en tres niveles:
- Nivel 1: 269.725 hogares. El más alto. Se irán eliminando los subsidios en forma paulatina y en enero de 2023 pagarán la tarifa plena (un 167% de aumento).
- Nivel 2: 2.880.090 hogares con tarifa social. Ya tuvieron un aumento en marzo del 20%. No sufrirán quitas en el subsidio.
- Nivel 3: 2.599.550 hogares de ingreso medio. Aquí también habrá un tope para el subsidio. Será del 70% del promedio entre los umbrales mínimos y máximos de consumo para cada categoría de usuario en cada subzona del país. A nivel nacional este promedio se calcula en 97 m3 mensuales; pero luego varía mucho en cada subzona, de acuerdo a las categorías climáticas y otras variables. Los bloques subvencionados han sido tomados sobre promedios anuales, cuando el consumo varía mucho entre verano e invierno, lo que hace arbitraria la segmentación. Para esta categoría se prevén aumentos en el precio del transporte lo que se verá reflejado en tres incrementos de un promedio aproximado de $ 165 por mes por escalón y $ 500 por mes acumulado en tres bimestres.
Tarifazo en el agua
La segmentación dispuesta por Aysa abarcará 4 niveles, correspondientes a distintas zonas. Se eliminarán subsidios en las tres primeras, medida por la cual el tarifazo será de los niveles más importantes en este servicio:
- Los usuarios del nivel alto tienen quita total del subsidio desde 1 de noviembre.
- Los usuarios de medio y bajo tendrán una quita en forma progresiva y se saca en forma definitiva en marzo del 2023. Los sectores bajos continúan con un 15 % hasta mayo de 2023.
- Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera de este esquema. (1)
- Los clientes “no residenciales” (como los comercios) que son alrededor de 300.000 usuarios del servicio de aguas y cloacas, según Aysa, subirán de $ 2.800 mensuales a más de $ 7.000. (2)
Hace falta otro modelo energético
Los voceros del gobierno intentan justificar el tarifazo marcando que el aumento desmesurado de los precios de la energía a nivel mundial, como consecuencia de la guerra en Ucrania producto de la invasión rusa han planteado importantes restricciones en los países centrales de Europa. Descargan un brutal tarifazo sobre la mayoría de la población y llaman a “ahorrar” en el consumo.
En una Argentina que sobran recursos energéticos, este nuevo sacudón a los ingresos populares soló puede explicarse por la improvisación de un modelo destinado a maximizar la ganancia empresaria. Por eso no se construyó el gasoducto a tiempo. Por eso, luego de estar congelados los contratos con China para desarrollar obras de infraestructura energética, ahora Massa los reactiva.
El país posee recursos abundantes para que toda la población pueda acceder a una energía barata y suficiente para su consumo domiciliario y para abastecer un desarrollo productivo importante, quedando saldos para exportación que nos permitan ingresar las divisas que necesitamos para avanzar.
Pero para eso hace falta terminar con este modelo energético basado en el negocio de un puñado de grandes empresarios, muchos amigos de la gestión Massa como Vila, Manzano, Mindlin, Esquenazi, Brito, Caputo, etc. Hace falta reestatizar todas las empresas de energía en manos privadas. Ejercer un monopolio estatal centralizado, empezando por estatizar por completo YPF, actualmente una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Esta estatización de la energía y también del manejo del agua en todo el país debe ser administrada por sus trabajadores y usuarios. No por funcionarios como Galmarini, Royón o Bernal, con excelentes negocios con sectores privados.
Un monopolio estatal de la producción, transporte y distribución de la energía y el agua potable podrá a su vez acelerar la tan necesaria transición energética hacia variantes limpias no contaminantes, en un planeta cada vez más envenenado y al borde del colapso ambiental. Un programa de este tipo solo será posible rompiendo con el FMI, los fondos buitres, el gran empresariado local y extranjero, los responsables del actual desastre.
- Datos del diario La Nacion del 16/08/2022.
- Datos de Clarín del 16/08/2022.