Se terminó la espera y ya se conoce el proyecto de ley del Memorándum de entendimiento con el FMI. Esta nueva ley que se tratará en comisiones a partir del lunes y se votará luego en ambas Cámaras, además de convalidar la estafa macrista presenta nuevas novedades. La inflación, por primera vez en la historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo, no es un elemento que se pretenda reducir en tiempo récord. Según las estimaciones presentadas en el documento, los próximos años contemplarán una continuidad en la suba de precios, con una mínima reducción recién para 2023 y 2024, pero no menor al 30%. Los salarios se aprontan nuevamente a ser vapuleados.
Pronósticos de inflación
El jueves pasado, Luis Cubeddu, el responsable de la misión del Fondo en Argentina, se mostró preocupado por la escalada de precios mientras anunciaba el nuevo acuerdo. Sin embargo, la hoja de ruta diseñada en el nuevo programa espera mantener, al menos para 2022, una inflación no muy diferente a la de 2021 (50,9%). Las proyecciones del documento oficial indican los siguientes datos:
- 38.0% – 48.0% para 2022
- 34.0% – 42.0% para 2023
- 29.0% – 37.0% para 2024
Analizando el corriente año, la situación parece ser considerada con muy buenos augurios, más que nada si se repasa el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, que calcula una inflación del 54,8%. Tampoco se puede olvidar la situación de la invasión rusa a Ucrania, que ha generado fenómenos de aumentos de precios en los commodities, principalmente en el barril del petróleo, en el gas y algunos granos como el trigo y maíz. La preocupación sobre el alza de precios por parte de los burócratas de Washington, como así también del gobierno de Alberto Fernández se devela como una actuación para la tribuna cuando se ven las demás medidas que contempla el acuerdo.
Medidas inflacionarias
Repasando las medidas del Memorándum de entendimiento que impulsaría un aumento de la inflación, podemos anotar las siguientes:
- Suba en las tarifas de luz y gas: primer ítem que colabora en la corrida inflacionaria. Tras el acuerdo, como mencionó la vocera presidencial, las subas se darán en tres niveles con un promedio del 40% en las subas: 1) Un aumento del 200% para el 10% de la población más rica, a este sector se le eliminaron completamente los subsidios; 2) los usuarios beneficiarios de la tarifa social sufrirán un aumento equivalente al 40% del CVS[i] del año anterior; 3) para el resto de los usuarios el aumento para cada año equivaldrá al 80% del CVS del año anterior. Este segmento además de afectar directamente a las mayorías trabajadoras, golpeará por partida doble. Además de los tarifazos en sus propios hogares, seguramente también vean un aumento en los precios de los bienes y servicios, ya que las patronales tratarán de paliar este aumento transfiriendo ese costo en los precios finales.
- Devaluación de la moneda: si bien el acuerdo no prevé movimientos bruscos en el valor del dólar oficial, sí se irán haciendo correcciones en su precio que empaten el índice inflacionario. Por lo tanto, como mínimo, las subas durante el año llegarán a un total del 50%. Al igual que el punto anterior, debido a que la economía argentina es la de un país atrasado, dependiente de insumos y tecnología, la importación de los mismos encarecerá nuevamente el valor de los precios.
- Suba de las tasas de interés: otro ítem que, al igual que los anteriores, conduce a suba de la inflación. La suba de las tasas de interés, a la vez que promueve ganancias para el capital especulativo también encarece los créditos para el desarrollo productivo. Por tanto, además de desmentir el relato oficial de que estas medidas promueven el crecimiento económico del país, es otra medida que alienta al encarecimiento de los precios.
La perspectiva de los salarios
El acuerdo que promueve el aumento de los precios y, por ende, la maximización de las ganancias patronales, declara explícitamente la perpetuación de salarios de miseria. Declara en uno de sus puntos: “A fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos y, a la vez, proteger los ingresos reales de jubilados y pensionados y empleados del sector púbico. Tomaremos acciones para i) limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales; y ii) gestionar el gasto en remuneraciones del sector púbico, para garantizar que crezca en consonancia con la economía”[ii].
Con esto se declara que los salarios públicos solo podrán crecer, en términos reales, en consonancia con la dinámica del PBI, una política que los empresarios privados replicarán con los trabajadores del sector. Esta política, lejos de está de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, que desde 2015 a diciembre de 2021 ha sufrido una caída del 26,9%.
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De esta forma, podemos concluir que en esta primera estadía del Fondo con el préstamo de Facilidades Extendidas utilizará a la inflación como instrumento para vapulear a los ingresos de los trabajadores y también de los jubilados. Cabe una discusión particular, pero también habría que contemplar que el mismo mecanismo se contemplará para reducir demás partidas estatales como ha venido haciendo Martín Guzmán en estos años de gobierno.
Mientras continúa la campaña ideológica en favor del acuerdo como “un mal menor” por parte del gobierno y gran parte de la oposición de derecha que integra Juntos por el Cambio, la política económica, en manos del FMI, se dispone a ser un tormento para la vida de las mayorías. Esta afirmación no parte de un rechazo abstracto al organismo imperialista, sino de los argumentos presentados.
La calle, como terreno de lucha, es la única vía para que los trabajadores tomen por su mano a la economía local, en busca de reorganizar la misma en función de las necesidades de las mayorías y no de un organismo que viene a cobrarse una estafa.
[i] Coeficiente de Variación Salarial: El Índice de salarios estima, a partir de la comparación de meses sucesivos, las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado en cada mes. Fuente: INDEC.
[ii]Ley Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda entre Argentina y el FMI