El pasado 9 de abril fallecieron dos trabajadores del yacimiento minero Cerro Negro, que opera en la localidad de Perito Moreno. Se trata de Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, de 48 y 26 años, ambos eran parte del área de Servicios Técnicos del yacimiento y fallecieron mientras realizaban sus tareas habituales en el interior de la mina. La corporación norteamericana Newmont , propietaria del yacimiento que tiene alrededor de 1500 mineros trabajando a su vez es la mayor minera de oro mundial por volumen de producción , oculta información y se niega a entregar la documentación necesaria para certificar lo sucedido, a la vez que declara que los trabajadores podrían haberse encontrado en un «área prohibida» en el momento de su fallecimiento, pretendiendo hacer responsables a las propias víctimas de la inseguridad laboral de sus muertes.
Si bien la empresa en un comunicado declara que «está comprometida con los más altos estándares para una minería segura y sostenible en todas sus operaciones”, se sabe que falta la presentación de un certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo de todo el personal del yacimiento de Cerro Negro. También se le pidió a empresa la presentación de un informe de medición de gases del mismo 9 de abril, ya que hay información de que en el lugar donde ambos trabajadores fallecieron podrían haber «vestigios de múltiples gases al momento no identificados».
Ante esto el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a través del ministro de Trabajo Julio Gutiérrez ordenó clausurar y cesar las actividades del yacimiento ya que “las circunstancias del hecho se encuentran en etapa de investigación, no pudiendo precisar a la fecha las causales de las mismas”. Además del informe de medición de gases se le solicitó a la empresa el «historial de comunicaciones entre el personal siniestrado y la sala de control y/o aquel sector que ejerza el control de personal en bajo mina, desde el inicio del turno B hasta las 21 horas”.
Conociendo las irregularidades de la empresa en cuanto a las condiciones en las que sus trabajadores se ven expuestos, sumado a las dos muertes producidas y su decisión de no colaborar a la hora de esclarecer lo sucedido se hace necesario romper con la complicidad de las empresas con los diferentes gobiernos. Complicidad que el propio ministro, Julio Gutiérrez, reconoce al menos durante el gobierno anterior destacando la «ausencia de políticas públicas de control en la industria minera en la provincia durante el gobierno anterior». Esta complicidad entre empresas y el estado permite a los empresarios priorizar las ganancias antes que la vida de los trabajadores, que son expuestos a condiciones de trabajo precarias que desencadenan estos hechos lamentables por los que la patronal nunca termina pagando las consecuencias.
La vida de los obreros valen más que el oro
Por eso desde el MST exigimos que el gobierno de Claudio Vidal no solamente ordene que la empresa suspenda las actividades de la mina, sino que también garantice los salarios de cada uno de sus trabajadores e indemnice a las familias de los trabajadores fallecidos. También creemos que es necesario que se abra una investigación independiente que garantice llegar a fondo para esclarecer las causas de las muertes y el grado de responsabilidad de la empresa, de otra manera no se podrá cortar con la impunidad , ni mucho menos garantizar los derechos laborales de los trabajadores de Cerro Negro.
Gonzalo Miranda