La delegación del FMI que visitó Argentina llegó a un acuerdo con el gobierno de Milei para desembolsar DEGs equivalentes a U$S 4.650 millones. No será plata fresca, se usará para pagar vencimientos de capital con el propio Fondo. A cambio se acordaron durísimas metas de ajuste.
Como lo dio a conocer el Fondo Monetario primero y luego la conferencia de prensa protagonizada por el ministro de economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, se llegó a un acuerdo con los funcionarios del FMI que visitaron al país en estos días. No se trata de un nuevo acuerdo, sino de medidas para reflotar el Acuerdo de Facilidades Extendidas que fue aprobado durante la gestión de Alberto Fernández, Cristina y Massa, que significó reconocer el fraudulento crédito Stand By otorgado a Macri por U$S 44.500 millones que se encontraba “caído” por incumplimiento de las metas de los últimos trimestres del 2023.
Se trata de un “acuerdo técnico” correspondiente a la aprobación de la séptima revisión técnica que quedó pendiente desde fines del año pasado, que deberá ser ratificado por el boureau del FMI a fines de enero. Como bien lo explicó Caputo, no se trata de dinero fresco; sino de divisas destinadas a pagar al propio Fondo los vencimientos de capital de estos meses que fija el acuerdo reflotado.
Los vencimientos a cubrir con el FMI- no incluye los que corresponden a bonistas privados- son U$S 920 millones que se pagaron en diciembre pasado gracias a un crédito de emergencia de la CAF y U$S 1.920 millones que vencen a fines de enero y una cifra similar que vence en abril. Además, a principios de febrero deben pagarse otros U$S 600 millones por concepto de intereses, pero estos últimos deben pagarse con recursos propios.
Como si esto fuera poco, el gobierno pagó el pasado martes 9 de enero U$S 1.500 millones de los bonos Global y Bonar por U$S 1.500 millones, que son parte de la reestructuración de pagos a bonistas “buitres” privados realizada por el exministro Guzmán en 2020, con el aval de Máximo Kirchner y el conjunto del gobierno. Además, entre diciembre pasado y este enero deberá abonar deuda por U$S 400 millones a otros organismos internacionales.
Tremendas metas de ajuste
El gobierno y el comunicado del Fondo pintan lo positivo de lo acordado en aliviar la situación financiera actual del gobierno y encaminar un saneamiento del desastre económico dejado por la administración anterior.
La realidad es que lo único que sanean es la situación del propio Fondo, que libró un crédito fraudulento e ilegal con el gobierno de Macri, el mayor de su historia, del que el país no vio un dólar y significó una enorme fuga de capitales. El crédito tramitado por el propio Caputo cuando era ministro de Finanzas ahora es pagado, con mayor ajuste y entrega del país, por el mismo Caputo.
Pero como indicó el ministro, las metas de ajuste de este nuevo acuerdo deben significar un esfuerzo mayor para recobrar la confianza del Fondo luego de las últimas metas incumplidas. Así es que las nuevas metas son terriblemente superiores a saber:
- Se pasa de una meta de déficit de 0,9% de déficit fiscal para este 2024 a una meta de 2% de ¡superávit fiscal! a fin de año.
- Se tiene que terminar el año con U$S 10.000 millones de reservas netas (actualmente se calculan que están en U$S 8.000 millones negativas).
- Entre otros considerandos, como el apoyo a las políticas de mercado (desregulación) del nuevo gobierno, el comunicado del Fondo especifica que el gobierno nacional no recurrirá a ningún endeudamiento ni emisión monetaria extra para cubrir sus compromisos, y habla de reformas estructurales “decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento y las exportaciones, e impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina, incluso aumentando la competencia y simplificando la burocracia”.
- El FMI no escatima meterse en la política interna del país, apoyando explícitamente el DNU y la Ley Omnibus que se está tratando en el Congreso.
Mucha más hambre, inflación, falta de trabajo y entrega del país
Las consecuencias de la aplicación de este programa económico -de tener éxito- serán un salto cualitativo en el nivel de miseria, explotación de sus trabajadores y entrega de los recursos del país a los intereses de los banqueros internacionales.
Para llegar al 2% del superávit fiscal, el FMI describe que se logrará con “mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola. Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad”.
Es decir, mayores impuestos destinados a juntar dólares para pagar la deuda, impulso con todo a los negocios de los agroexportadores que llevarán los precios de los alimentos a valores internacionales, reducción del plantel de empleados públicos, achicamiento de sus salarios, reducción de los presupuestos sociales, aumento del 100% de la nafta y súper tarifazo de la energía y el transporte, recorte de las transferencias a las provincias y privatización de las empresas públicas.
Caputo y el FMI compiten en el cinismo
Como acostumbra hacer en sus comunicados, el Fondo habla de las políticas para los sectores más vulnerables y se encarga de recordar que Massa dejó una importante caída del salario real y un 45% de pobreza. En una de las líneas de su comunicado defiende el programa de Milei señalando que “el plan también busca ampliar la asistencia social para proteger a los más vulnerables”.
En la conferencia de prensa, defendiendo su pretensión de liquidar el actual régimen de movilidad jubilatoria, Caputo señala que el actual régimen ya tiene un alto perfil de “discrecionalidad” porque los bonos representan un 33% del total del haber actual y señala que no van a permitir que se deteriore aún más la remuneración de los jubilados.
Ambos, que defienden la megadevaluación de diciembre y la liberación de los precios, no mencionan el 30% de inflación de diciembre con la que los jubilados perdieron, en un solo mes, el 30% de su poder adquisitivo como mínimo. En realidad la pérdida fue mayor a esa cifra, ya que la mayoría de sus haberes se gastan en alimentos y medicinas que suben más que la inflación promedio. Esto para tomar solo un ejemplo, que se completa con la falta de entrega de alimentos a los comedores, el congelamiento y achique del Potenciar Trabajo y la liquidación de todo tipo de programas sociales.
Un ajuste estructural al servicio del pago de la deuda y los grandes negocios empresarios
Como afirma el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el anterior gobierno peronista que ahora Milei pretende honrar y superar, el FMI no solo es acreedor de sus deudas con el país; sino garante de todos los acreedores internacionales, de todos los buitres que han hecho enormes negociados con Argentina.
Su apoyo explícito al DNU y la mega ley muestra que el imperialismo de la mano del gobierno de Milei viene a quedarse con todo, a terminar de entregar nuestros recursos a las multinacionales y banqueros internacionales, llevando la explotación y pérdida de derechos laborales y sociales de nuestro pueblo a niveles históricos.
Ese es el contenido del acuerdo y de la pelea en curso. Los únicos que podemos frenarlo, los únicos que vamos a dar la pelea hasta el final para pararlo somos los trabajadores y sectores populares. Por eso este 24 de enero organizate con la izquierda para empujar un paro general lo más fuerte posible y una gran movilización al Congreso.
Te invitamos a sumarte a la columna independiente que estamos organizando y a integrar las filas de nuestro MST en el FIT-U para construir juntos una alternativa política amplia y unitaria de la izquierda política y social.
Una alternativa que plantea un programa totalmente distinto al del FMI y el gobierno de Milei, que empieza por romper con este organismo buitre del imperialismo y con todas las fraudulentas deudas con bonistas y acreedores internacionales; nacionalizar la banca y el comercio exterior; y descargar fuertes impuestos progresivos sobre los grandes empresarios y ricachones, para que el costo de la crisis lo paguen los que saquearon y pretenden seguir saqueando al país.