martes, 30 abril 2024 - 22:39

A 9 años de la Ley de identidad de Género. Keili González: “No vamos a pactar nuestros derechos”

La Ley Nº 26.743 de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo de 2012 en Argentina. Fue un gran triunfo de las travestis y trans que logramos arrebatarle al Estado, no sólo porque pusimos nuestros castigados cuerpos en las calles, sino también en cada espacio a donde nos tocaba fundamentar el por qué la necesidad de ese reconocimiento.

Hace 9 años yo estaba en Paraná, Entre Ríos, estudiando Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu) dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Me recuerdo, meses previos a la sanción de la ley, correr y pedir por favor en una oficina pública en donde trabajaba una amiga que me dejara llamar a la Claudia Pía Baudracco y preguntarle cómo iba el asunto: “Vamos bien marica, no aflojemos pichona”, me dijo y yo sin saber que esa sería la última vez que escucharía su voz.

Las condiciones actuales de las travestis y trans

Hoy, atravesades por una profunda crisis económica, que no es nueva, y por la situación sanitaria producto de la pandemia de Coronavirus (Covid-19), nos enfrentamos a grandes barreras y desafíos por los cuáles luchar. Más aún cuando hay un Estado que cloacaliza nuestras identidades, que invisibiliza nuestras demandas y que no tuvo, ni tiene intenciones de revertir la problemática en profundidad.

Nuestro colectivo tiene una expectativa de vida entre 32 y 40 años de edad, resultado de la violación sistemática a los derechos humanos y a la falta de políticas públicas que nos confinaron a lugares extremos de vulnerabilidad y pobreza estructural. Mientras que las sobrevivientes, compañeras adultas mayores se encuentran desprotegidas, tras haber sobrevivido a las múltiples violencias de la represión estatal durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica, como en democracia.

El 92% de nuestra población se encuentra fuera del circuito de empleo formal, expuestas a la violencia de las fuerzas de seguridad, de las instituciones educativas y de los espacios de atención sanitaria. Sin trabajo formal y debidamente regulado para las travestis y trans la calle se convirtió para la mayoría en el único espacio de supervivencia, en condiciones denigrantes, de indigencia y precariedad, hecho que también se ve afectado por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestos por el Gobierno Nacional.

En una fecha que pone en visibilidad a nuestras identidades, en que reivindicamos nuestras conquistas, lo más “visible” es que hace dos meses nos falta el joven trans Tehuel, de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, por cuya aparición con vida seguimos reclamando. El Estado tiene la responsabilidad de hallarlo, tal como lo venimos exigiendo cada vez más voces. Además, le decimos que no vamos a pactar nuestros derechos y le exigimos la reorientación de las políticas económicas y sociales, y que esos recursos vayan destinados al problema de fondo y al servicio de nuestro colectivo.

Nuestras demandas

Desde Libre Diversidad-MST exigimos al Estado que nos garantice condiciones de vida y oportunidades como a todes. Queremos políticas públicas concretas y efectivas. Lo más urgente es la real implementación, sin excusas del cupo laboral trans del 1% en toda la administración pública y entidades del Estado decretado hace más de ocho meses. El rápido tratamiento y aprobación de la Ley Integral Trans presentada por la Federación Argentina LGBT, que incluye educación, salud, vivienda, empleo y una reparación histórica para las personas trans sobrevivientes mayores de 40 años. Y gritamos basta de violencia policial e institucional; basta travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio.

Nosotres sabemos que la visibilidad conquistada no es menor, pero no allana nuestras condiciones de vida, porque la igualdad ante la Ley no es la igualdad de hecho. Por eso es imprescindible la organización para dar la pelea de la misma manera que se hizo cuando se pensó la Ley de Identidad, pero esta vez para enfrentar el brutal ajuste que lleva adelante Alberto Fernández y los gobernadores.

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