Desde los reformistas culturales hasta los misóginos ajustadores, han ido cercenando nuestros derechos: dosificándolos, recortando su presupuesto o directamente intentando borrarlos. La propuesta de un feminismo socialista busca alcanzarlos de verdad.
Ofensiva machista 2.0
Ayer por la mañana, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en medio de una elección municipal nacionalizada, celebró públicamente el desmantelamiento del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito "MenstruAR”.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) May 16, 2025
Los 13 programas que eliminamos son:
1. Menstruar.
2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.…
Nada nuevo bajo el sol, diría alguien… Un tuit para destruir garantías de derechos humanos construidas con años de lucha. “La tuya, contribuyente” deja de ser migajas para la asistencia y pasa a engordar el colchón de los fugadores. Un ejército de trolls odiadores para quien se anime a cuestionarlo, memes y chistes podridos para extremar la violencia.
Esas migajas presupuestarias lograron mitigar algunos daños. Y junto a políticas públicas que, sin significar grandes gastos, apelaban al reconocimiento de las víctimas, teníamos un piso mínimo de derechos garantizados. Lejos de eso, este gobierno pretende poner un punto final.
Legitiman los crímenes de odio: femicidio y travesticidio
La estrategia del Ministro va mucho más allá de una provocación electoral. En ese tuit desmantela la aplicación concreta de dos de las leyes más importantes y estructurales que conquistó el feminismo.
En los barrios, en los lugares de trabajo y en los espacios de estudio nos costó años de lucha la visibilización, el acompañamiento y el financiamiento de nuestros derechos. Cada uno de estos 13 programas sostiene un entramado fundamental que incluye apoyos económicos, pero que sobre todo garantiza derechos civiles y humanos.
Ocho de estos programas se ejecutaban bajo la Ley Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Los cinco restantes se amparaban en la Ley 27.636, de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (“Diana Sacayán – Lohana Berkins”).
Con el agravante de que el Ministro es abogado de García Mansilla, el exjuez de la Corte Suprema que, mientras el Senado rechazaba su designación, firmaba un fallo ilegal para negar el reconocimiento de la carátula de travesticidio en el caso de Diana Sacayán.
Así, atacan dos exigencias básicas de nuestro movimiento: el reconocimiento del femicidio y el travesticidio como forma de reparación por parte de un Estado que históricamente ha sostenido y reproducido prácticas que ejercen violencia hasta la muerte contra mujeres y personas travestis-trans-nobinarias.
En pocas semanas se cumplen 10 años del grito de Ni Una Menos. Una de nuestras principales conquistas fue la defensa de la vida de mujeres y disidencias frente al odio machista. Hoy seguimos contando un femicidio cada 27 horas y la expectativa de vida de la comunidad travesti-trans-nobinaria sigue sin superar los 35 años.
El Estado nunca dejó de ser responsable
El circo electoral invita a fingir demencia frente a las consecuencias concretas de la motosierra y la “batalla cultural”: víctimas ocultadas por la fuerza del miedo, frases vacías de sentido común, violencia policial y precarización de la vida.
Señor Ministro, no nos mienta ni presente como novedades algo que no lo es: esos programas jamás fueron implementados por su gobierno y tienen 0 (cero) presupuesto asignado.
— Estela Díaz (@EstelaEDiaz) May 16, 2025
Lo que ustedes llaman "ideología" son políticas públicas, como los hogares integrales (ex refugios) que… https://t.co/qajAn8GO1m
Desde la oposición, la que celebró el “fin del patriarcado” pero no acompaña la resistencia frente al avance represivo en las calles, siguen negando que el Estado nos mata. Niegan el problema ideológico de fondo y dicen que con miserables presupuestos y oficinas vaciadas, “garantizan derechos”.
Pero ya en 2020, cuando pusieron en marcha el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género con solo 6.000 millones, señalamos que maquillar de violeta presupuestos de ajuste solo fortalecía al patriarcado.
Nadie se salva solx: solidaridad feminista desde abajo
Enfrentar la violencia de género fue una decisión que tomamos mujeres y disidencias desde abajo, a espaldas de las instituciones, allá por 2015, gobernara quien gobernara. Los dispositivos que hoy el ministro pretende eliminar existieron antes de que el Estado les asignara presupuestos miserables.
Porque quienes sostienen esos espacios son trabajadoras explotadas por el mismo Estado al que cuidan: psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, que ponen el cuerpo a dispositivos saturados, precarizadas y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
Las primeras en alertar que sin trabajadorxs no hay derechos fueron las compañeras del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hace ya casi un año.
Desde el feminismo socialista reafirmamos que la única forma de derribar al patriarcado es organizadas desde abajo, en asambleas, tomando las calles para exigir nuestros derechos. Tenemos que prepararnos para decidir democráticamente qué presupuesto necesitamos para defender la vida, y arrancárselo a quienes todos los días fugan y/o entregan nuestros recursos a la ultraderecha machista mundial.
Fuentes complementarias:
78 femicidios en 2025 – Ahora Que Sí Nos Ven
Ley 26.485 – Violencia contra las mujeres