Días atrás se dió a conocer el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que pesaba sobre la docente y dirigente de ATECh Regional Suroeste Estela Juárez por ser parte de una protesta por mejoras salariales en 2019. Se ratificó la culpabilidad y se confirmó la condena. Una causa similar a la condena a los seis vecinos del Chubutazo por defender el agua.
Las épocas de Arcioni y Torres parecen no diferir, aquel le heredó a éste el manual represivo que dicta la criminalizacion de la protesta. En ambos gobiernos, no casualmente la ministra de seguridad es la misma: Patricia Bullrich; la que delineó los trazos de ese manual, y que se aplicó en la provincia con Massoni antes y con Iturrioz ahora.
Durante 2018-2019 la provincia atravesó una crisis económica, producto de las sucesivas políticas de entrega y saqueo de las gestiones anteriores, a las que el gobierno de Arcioni dió continuidad y consecuentemente no tuvo intenciones de resolver. Ajustó por abajo dando lugar a masivas manifestaciones estatales en todo Chubut. Una de las peores políticas se definió en ese entonces, pagar los salarios de forma “escalonada”, el gobierno juraba que no podía afrontar el pago en tiempo y forma.
Pero de manera escalonada no se paga la luz ni el alquiler. La docencia, de la mano de ATECh (Asociación de las y los Trabajadores de la Educación de Chubut, principal sindicato de la docencia provincial) salieron a las calles, fueron al Ministerio de Educación en Rawson, a Casa de Gobierno, a la Legislatura, se movilizó en la principales ciudades de la provincia, y también en las pequeñas comunas; fue un proceso que duró casi todo el 2018 y buena parte de 2019.
Todo lo acontencido durante esas protestas en septiembre de 2019, las muertes de Jorgelina y María Cristina -docentes de Comodoro Rivadavia con quienes compartimos las calles de la ciudad y varias protestas en viajes organizados a Rawson la capital de la provincia- fue y es responsabilidad de aquel gobierno ajustador.
Criminalización de la protesta en la era Arcioni
Fue en ese marco que Estela Juárez, quien fue la Secretaria General de la Regional Suroeste de ATECh, junto a sus compañeros y compañeras docentes salierona manifestarse en la ciudad de Sarmiento. Los hechos por los que se la acusa datan del día 24 de Septiembre de 2019.
A Estela la notifican en 2021 y el juicio se realizó el 20 de Abril de 2023 en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El proceso fue llevado adelante por la Jueza Eva Parcio y la fiscalía de Bellver/Avila, aunque el juicio quedó a cargo de la Jueza Federal Marta Yáñez.
La defensa estuvo a cargo de la abogada Silvia de los Santos,quién demostró que todo el procedimiento estuvo viciado. Ni la policía, ni el sistema judicial cumplieron con sus obligaciones. Demostró que fue el Estado quién incumplió sus deberes de resguardar el derecho a la protesta. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 194 del Código Penal que se aplica siempre en la criminalización de la protesta en calles y rutas. También demostró que los hechos no pueden encuadrarse en ese artículo ya que no se puso en peligro el bien común, señaló la subordinación de la fiscalía a las denuncias de las empresas y pidió la absolución.
Quedó probado que se agotaron todas las vías formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuesta al reclamo por el pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. Es decir fue el gobierno el que violó derechos y perturbó la “seguridad pública”. Pero además quedó probado que las manifestaciones públicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores.
A pesar de eso la fiscalía pidió una pena de tres meses de prisión en suspenso, en este caso la menor para el delito del que acusan a Estela.
La jueza Yañez dictó la culpabilidad de la condena y fundamentó su decisión en la necesidad de sancionar las conductas que obstruyen servicios públicos esenciales como el transporte.“Por legítimo e imperioso que resultare el reclamo” salarial de los maestros, “no pueden soslayarse los derechos de los transeúntes que gozan de la garantía de circular libremente por el territorio de la Nación. En particular dicha ruta 26 es la utilizada por los pobladores que desde las pequeñas localidades como de Aldea Beleiro, Gobernador Costa, Cabo Blanco Rio Senguer y Buen Pasto entre otras, deben utilizarla para trasladarse por motivos laborales, de salud, de educación, turísticos, y como vía necesaria para acceder al Aeropuerto General Enrique Mosconi y también por transportes de carga pesada que ingresan y egresan a la República de Chile”, argumentó la magistrada en el fallo.[1]
Ignora la magistrada que al no dar respuestas las vías institucionales a los reclamos, las y los trabajadores tenemos derecho legítimo a la protesta, para quebrar la normalidad de quienes nos niegan los derechos por los que peleamos. Por supuesto que se apeló esta sentencia y se llegó ante la Corte Suprema, quién finalmente este año confirmó la condena. Fueron los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz quienes estuvieron a cargo.
Ahora Estela debe fijar domicilio por un año, cumplir la condena, realizar el pago de costas y lamentablemente esta causa le queda como antecedente.
Criminalización de la protesta en la era Torres
El actual gobierno de la provincia está replicando la persecución judicial. A pocos días de conocerse esta definición de la Corte Suprema, en Chubut se está condenando a seis vecinos por defender el agua y el territorio en lo que se conoció como las Jornadas del “Chubutazo”. Fue en diciembre de 2021 cuando toda la provincia salió a las calles contra la aprobación del proyecto de ley que proponía la famosa “Zonificación Minera”, durante esas jornadas arrancó una cacería de manifestantes en el afán del gobierno por sentar luchadores en el banquillo y aleccionar a las mayorías.
En una cuasi copia del juicio contra Estela, este también estuvo viciado, sin pruebas, con irregularidades, y así fue demostrado durante las audiencias.
Fueron los mismos peritos que declararon quienes no pudieron asegurar la presencia de niguno de los imputados en el lugar de los hechos. Con argumentos judiciales, que incluso la misma jueza reconoce como una causa floja de papeles, le concede a la fiscalía otra audiencia para “subsanar el error procesal que cometió en la etapa pertinente para hacer el pedido de las penas con agravantes”. Es decir, le da tiempo para conseguir más elementos probatorios. Una repudiable parcialidad por parte de la juez si tenemos en cuenta que previamente en la audiencia de alegatos ella había descartado esto.[2]
En este caso la resolución fue condenar a seis de los ocho vecinos acusados y absolver a dos. Uno de los absueltos fue Lautaro Martinez, quien apareció sin vida la noche anterior a esa audiencia. Absoluta responsabilidad del gobierno.
Gobiernos duplicados
Arcioni fue responsable de desfinanciar la educación y la salud públicas, de profundizar el endeudamiento y de hacer pagar al pueblo el festival de corrupción de la casta político-económica de la provincia. Todo esto sin el mínimo intento de resolver la crisis que decían que estábamos atravesando.
Torres no está pagando los salarios escalonados. Pero niega o retrasa paritarias a los estatales, como pasó con los brigadistas durante toda la temporada alta de incendios, o excluye a sindicatos como pasa con la ATECh en las negociaciones, todo esto logrando que los salarios queden muy por detrás de la inflación. Mientras se sigue pagando cada cuota de la deuda puntualmente.
La deuda que religiosamente pagaron Arcioni y Torres es el famoso BOCADE, que para Abril de 2024 ya habría estado saldado si no fuera por los intereses usureros; es decir una deuda que los Chubutenses estamos pagando ya por duplicado y probablemente por triplicado cuando las cuotas lleguen a su fin. Un análisis de la deuda provincial se puede ver en este artículo: Chubut. La deuda al servicio de quién
No solo es el manual represivo. Es un mismo plan de gobierno al servicio de las corporaciones. Por eso urge organizarnos y salir a las calles. Ahí es dónde conquistamos y garantizamos derechos, ahí es donde podemos tirar a los Milei, los Torres y al FMI.
Emilse Saavedra
[1]https://www.infobae.com/judiciales/2025/04/27/la-corte-suprema-confirmo-la-condena-a-una-sindicalista-de-chubut-por-los-piquetes-durante-una-protesta-docente/
[2]https://periodismodeizquierda.com/criminalizacion-de-la-protesta-condenan-a-6-vecinos-en-la-causa-chubutazo/