Por nuestros salarios y en defensa de la universidad pública.
La comunidad universitaria ha enfrentado los ataques del gobierno nacional contra la educación pública y el sistema científico argentino. El deterioro salarial es una de las aristas del brutal ajuste que el gobierno de Milei aplica de manera deliberada contra las universidades nacionales y sus trabajadores. Bajo su mandato, se ha implementado un plan de desmantelamiento presupuestario que ha llevado a las universidades al borde de la parálisis, creando un escenario de incertidumbre con la prórroga del presupuesto de 2023, en medio de una inflación insoportable, cifrada en un 257% interanual.
El punto más alto de este proceso de resistencia se vivió con la histórica y multitudinaria marcha del 23 de abril. Esta movilización no solo evidenció la capacidad de lucha de la comunidad universitaria, sino también la extraordinaria solidaridad y el compromiso del pueblo argentino con la defensa de la educación pública superior. Todo indicaba que estábamos en condiciones de frenar las políticas del gobierno y revertir el proceso de desfinanciamiento y chantaje presupuestario. El efecto inmediato de la marcha fue garantizar el funcionamiento cotidiano de las universidades y demostrar la capacidad de movilización de la comunidad universitaria. Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades universitarias, que se apresuraron a desarticular el movimiento, resultó funcional a la maniobra del gobierno, que presentó un incremento presupuestario magro e insuficiente, intentando dar por finalizada la movilización, cuando era evidente que se podía alcanzar mucho más.
Durante estos meses, se intentó desactivar el conflicto, aislándolo y silenciándolo en los medios de comunicación. Los paros posteriores, aislados y fragmentados, quedaron como medidas de resistencia que las dirigencias de los gremios universitarios nacionales lanzaban para descomprimir la tensión. En este contexto, fue necesario reinstalar la lucha, visibilizando el deterioro salarial al que estábamos sometidos. Nuestra asociación de base desempeñó un papel destacado, pese al constante esfuerzo de las autoridades por demostrar que la lucha universitaria estaba desactivada, basado en el autoajuste y la pérdida del 50% del poder adquisitivo del salario docente.
El pasado 4 de julio, una masiva Asamblea Extraordinaria de Afiliados/as de ADIUC aprobó por unanimidad la suspensión de las mesas de examen de julio, posteriores al receso de invierno, y el no inicio de clases (con diferentes modalidades). Estas medidas fueron fundamentales para reinstalar el conflicto, sirviendo como referencia nacional para otras asociaciones de base.
La primera evaluación de la medida de fuerza reveló un proceso de lucha con características inéditas en la Universidad Nacional de Córdoba. Varias facultades alcanzaron un nivel de adhesión del 100%, y otras unidades académicas, donde la actividad gremial era hasta entonces muy escasa, mostraron niveles históricos de adhesión a la medida de fuerza.
A partir de esta evaluación, el Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC definió un cronograma de acciones para el no inicio de clases, tal como fue resuelto en la Asamblea de Afiliados/as. Las medidas alcanzaron su punto máximo entre el 16 y el 18 de agosto, con un paro total durante toda la semana. No obstante, a pesar de haber logrado la media sanción de la ley de financiamiento universitario, por decisión de la conducción gremial, las acciones se han vuelto cada vez más aisladas, generando descontento y desorientación en la base de nuestro gremio. Asimismo, la falta de convocatoria a instancias de deliberación ha tenido como resultado que, de facto, los exámenes de septiembre se realicen con normalidad, pese a la demanda de mantener la medida de fuerza iniciada en julio.
Como señalamos en la solicitud de asamblea que impulsamos junto a delegados independientes, ante la aprobación en el Senado y el posible veto a una ley que, aunque no soluciona de fondo la problemática, implica una recomposición salarial y nos posiciona mejor para luchar por el presupuesto de 2025, es necesario convocar de manera urgente a una asamblea general extraordinaria. Esta es una demanda creciente en la base del gremio, que se expresa con cada vez más claridad. Una asamblea nos permitirá enfrentar esta etapa de la lucha con la mayor capacidad de organización y movilización, conscientes de que se trata de una lucha nacional que debe involucrar a toda la comunidad educativa.
Hoy, las gestiones rectorales, junto a direcciones sindicales que han oscilado entre la inacción y la vacilación, se ven obligadas a fijar la fecha de la segunda marcha federal educativa porque la base docente, junto con la sociedad, continuó insistiendo en la defensa de la educación pública. No podemos confiar en esos sectores, ni en las gestiones que permiten el ajuste en nuestra universidad, donde asistimos al desmantelamiento de los SRT.
La dinámica del Frente Gremial Universitario, compuesto por los gremios docentes, no docentes y estudiantiles, lejos de potenciar la lucha mediante la coordinación, ha servido de amortiguador de los procesos más avanzados, como el de Córdoba, imponiendo la lógica de que las luchas avancen al ritmo de los sectores o gremios menos movilizados.
A la amenaza de veto a la ley de financiamiento se suma el anuncio del presupuesto de 2025 elaborado por el gobierno nacional, que consagra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la técnica en su conjunto. Este presupuesto elimina leyes que garantizaban que parte del PBI se destinara a estos sectores, recortando las partidas destinadas a la educación técnica y a la universidad misma, con una caída del 55% en los organismos de ciencia y técnica. Todo esto, en el marco de garantizar el déficit cero a costa de profundizar el ajuste.
El gobierno y sus cómplices han lanzado campañas difamatorias contra la docencia universitaria y preuniversitaria, bajo el discurso del adoctrinamiento, con amenazas de auditorías y ataques a los paros. Este es un camino que el gobierno nacional ya intentó imponer, pero que fracasó.
Es urgente llevar a cada instancia docente la propuesta de realizar acciones la próxima semana para fortalecer el plan de lucha. Todos los docentes debemos comprometernos; salgamos a preparar la nueva marcha educativa, y discutamos también cómo continuar después.
La fecha para la marcha educativa, que según diversos pronunciamientos sería el 2 de octubre, debe encontrarnos en unidad de acción junto a otros sectores en lucha, con un paro nacional que garantice la participación real de todos los que quieran sumarse a defender la universidad pública, como lo hicimos el 23 de abril. La docencia universitaria organizada de Córdoba puede nuevamente desempeñar un rol crucial en esta etapa, impulsando la posibilidad de derrotar las políticas del gobierno nacional.