Alfredo Cornejo es uno de los gobernadores que mejor le hace los deberes a Milei. Desde que asumió en diciembre sobrevuela el fantasma de las movilizaciones de 2019 que derrotaron las intenciones de su antecesor Suárez de modificar la Ley 7722 guardiana del agua, y no ha querido repetir el mismo traspié. Por eso desde el principio fue contra la legislación vigente, pero por partes.
Primero hizo modificar el Código de procedimiento minero con la excusa de modernizar la normativa, pero con el objetivo real de crear el Distrito Minero Occidental en el sur de la provincia, un territorio protegido por la Ley Nacional de Glaciares. Meses después la Legislatura de Mendoza aprobó adherir al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), un andamiaje legal de entrega total: grandes capitales extranjeros van a gozar de no pagar impuestos y estarán eximidos de auditorías y de responder ante demandas por daño socioambiental. Eso sin contar que el Estado argentino va a custodiar los proyectos para reprimir posibles protestas.
En ese marco hace unos días la DGE publicó la Resolución 4515 que establece las carreras prioritarias del Nivel Superior. Además de declarar prioritarios los profesorados de Matemática y Lengua, entre otros, declara carreras prioritarias de Formación Técnico profesional a tecnicaturas en petróleo y gas, minería, metalmecánica y recursos renovables, entre otras ¿Con quién acordó esto la Directora de Educación Superior, Mariela Ramos? La nota de la página oficial de la DGE afirma que “esta acción y decisión educativa se desarrolló en base a encuentros que se han mantenido con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, junto a los sectores productivos de la provincia y sus regiones”, y si bien explica que los datos para determinar si una carrera es prioritaria o no salen del mismo sistema educativo, esto se hace con un sesgo tecnocrático que no involucra para nada a la comunidad de los institutos de formación docente.
Pero eso no es todo, al mismo tiempo la misma DGE junto con el Ministerio de Energía y Ambiente lanzó una formación docente en minería. En la presentación de esta capacitación paga, una de las protagonistas fue la senadora provincial oficialista Jesica Laferte, que preside la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía y es una activa militante a favor de la minería. Si se hace un repaso por sus declaraciones en los medios encontramos que además de celebrar la avanzada que mencionamos antes, esta senadora es quien impulsa junto al intendente del PJ Celso Jaque la declaración de Malargüe como capital provincial de la minería.
Estos datos no son detalles sin importancia, muestran la coherencia del gobierno de Cornejo para impulsar el extractivismo y poner a todo el sistema educativo al servicio de esa política depredatoria. Por si alguna duda queda, si escarbamos un poco más encontramos los verdaderos intereses detrás de esta orientación: hace unos días ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza) tituló una nota en su página web: “A instancias de Asinmet, la DGE lanzó el curso de capacitación para docentes ‘El suelo que pisamos’ y destaca: “Durante el Foro Metalmecánica y Minería realizado en mayo pasado, las cámaras organizadoras, entre ellas Asinmet, presentaron un pedido a la rectora del Instituto Superior Técnico 9-019 INSUTEC, Cecilia De Blassi, para que gestionara ante la Dirección General de Escuelas (DGE) un pedido para el diseño y la implementación de programas educativos para que los niños, adolescentes y docentes de Mendoza reciban el aprendizaje mínimo necesario sobre minerales y rocas de la corteza terrestre, y la importancia que tienen como materias primas para la industria y, finalmente, para la sociedad. Como decíamos más arriba, nada más alejado de la participación democrática de la comunidad educativa para decidir políticas educativas.
En ese foro realizado en mayo el titular de ASINMET, Mario Guizzo, realizó un categórico pedido en materia de legislación. «Cuando tengan que redactar una ley que afecta los intereses de la actividad privada y que tenga un impacto en el futuro de los mendocinos -empresas y empleo privado- tienen que y deben consultar a las cámaras. Si no, se redactan leyes que hace 15 años frenan el desarrollo minero. Hoy hemos encontrado la manera de desarrollar la minería, pero tenemos que dar seguridad jurídica. El pedido es claro porque nadie se hace responsable de esto y Mendoza necesita crecer de manera urgente». Una clara alusión a la Ley 7722 y una prueba de que cuando hablan de ser cuidadosos con el medio ambiente no se les puede creer nada.
Una pedagogía ecosocialista
Lo que acabamos de describir explica a las claras quiénes están detrás de la definición sobre carreras prioritarias y de las jornadas remuneradas sobre minería y qué perfil tiene la formación en ambos casos. Hay que hacer todo lo contrario a lo que hace el ministro Tadeo García Salazar con sus secretarios, que se reúne con los empresarios para alinear el sistema educativo con el mercado.
Se pueden extraer dos lecciones: la primera es que no podemos dejar que las grandes empresas sean las que decidan qué educación necesitamos; somos los docentes y la comunidad quienes debemos definir qué es significativo aprender de acuerdo a otro modelo de sociedad, uno socialista. La segunda, es que los docentes tenemos que ser capaces de cuestionar el contenido que el capitalismo imprime a la educación y poner en pie otra visión, en este caso es necesario pensar una perspectiva educativa transversal que contemple el cuidado del medio ambiente y los bienes comunes como patrimonio de los pueblos.
Así como se conquistó una política educativa como la ESI, es necesario conquistar una educación socioambiental integral. Dentro del aula proponer marcos teóricos que problematicen lo que aparece en el diseño curricular como mera descripción de problemas sin causas o, en el mejor de los casos, donde aparecemos todos como causantes, como si la contaminación, la desforestación, etc. no estuvieran atravesados por intereses de clase, hechos en donde el modo de producción no tuviera nada que ver y no hubiera consecuencias para las comunidades. Un planteo pedagógico que ponga en contacto saberes de distintas disciplinas: la Historia, la Geografía, las Ciencias Naturales, porque todo es parte de una misma causa. Todo eso que el capitalismo decadente oculta y es su responsabilidad debe ser mostrado al mismo tiempo que se propone pensar una alternativa donde las comunidades decidan qué producir y hacerlo sin agrotóxicos, sin megaminería, reconvirtiendo la producción orientada a las necesidades de la mayoría. Para eso, una pedagogía ecosocialista es más necesaria que nunca.
Sergio Morán