Durante lo que va de la semana Alberto Fernández, en el acto de presentación de obras públicas para este 2021, como Martín Guzmán, en la entrevista que le realizaron en el programa Odisea, conducido por Carlos Pagni, dejaron definiciones sobre la economía del país. Anuncios que pueden funcionar como alerta para el bolsillo de los trabajadores. La deuda externa con el FMI, hoy transformada en una investigación judicial por la denuncia efectuada por la Oficina Anticorrupción, sigue siendo la prioridad a atender en materia económica. La liberación de los precios de los servicios, otro punto acordado por el gobierno de Fernández. Ayer, además, se suma la publicación del INDEC sobre el valor de la Canasta Básica. $ 58.000 necesita una familia para no ser pobre, un monto que ni siquiera puede ser alcanzado con la suma de dos salarios mínimos, hoy en $ 21.600.
FMI y deuda externa
En un país donde casi el 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, es necesario atender aquellas demandas de los más postergados. Las medidas de este gobierno, son diametralmente opuestas. Alberto Fernández en la presentación de obras públicas que realizó el lunes pasado, dejó en claro que “el año que viene deberíamos pagarle al Fondo Monetario dieciocho mil millones de dólares, es decir, tres veces lo que hemos invertido en estas mil obras”. Una declaración de parte. Sin importar que hoy el último préstamo Stand By tomado por el gobierno de Mauricio Macri se encuentre en plena investigación, en donde la Oficina Anticorrupción funciona como querellante por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, Fernández acepta pagar un acuerdo fraudulento que equivale tres veces más que lo destinado este año para obras públicas.
Guzmán, por su parte, en el programa que emite La Nación+, dejó en claro que “resolver la deuda es fundamental”. Aclarando que el país no tiene los dólares para devolverle al fondo, el ministro de Economía se encargó de llevarle tranquilidad al ente que, a pesar de no ser Juntos por el Cambio y no tomar deuda en dólares a tasas de interés insostenibles, sí son los que la pagan.
Sobre esta última afirmación de Guzmán, vale aclarar que tampoco es cierto. Durante este gobierno, específicamente a lo largo del año pasado, el Tesoro colocó bonos en dólares por casi U$S 5.000 millones. La única explicación dada para esta política económica, en un año de pandemia, fue asegurar que los fondos inversores extranjeros que poseían bonos en pesos, no se vayan del país. Por tanto, le aseguraron cuantiosas ganancias con estos elementos financieros. A pesar de las refinanciaciones logradas que el gobierno promueve como un logro, la economía argentina sigue subsumida al laberinto sin salida del mecanismo de la deuda externa. Según datos oficiales, en el tercer trimestre del año pasado la deuda bruta llegó a representar el 100,7% del PBI.
Un 29% irrisorio
Mientras mes a mes la inflación no para de crecer, Guzmán quiere hacernos creer que la suba de los precios en estos primeros meses del año es parte de su estrategia económica para cumplir con lo establecido en el Presupuesto 2021. El ministro declaró que “extrapolar la inflación del primer trimestre al resto del año es un error” y que “bajarla es un proceso que el gobierno conduce pero que conlleva una responsabilidad colectiva”.
Vamos por parte. Extrapolar la inflación del primer trimestre al resto del año no es un error. Si continúan las mismas políticas donde a los formadores de precios se les permiten subas indiscriminadas, la traslación de precios internacionales de las materias primas al mercado local, todo apunta a que el porcentaje del 29% de inflación anual es una fábula en la cabeza de Guzmán. La implementación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), nos da la razón. El gobierno en vez de realizar un control férreo de los precios, con participación democrática de los sectores más afectados, establece un sistema informativo obligatorio y confidencial con el que la Secretaría de Comercio buscará, en palabras de Kulfas “tener una pintura global de las cadenas de valor y lograr alertas tempranas por parte de las empresas”. A la misma vez desde la propia Secretaría se encargaron de aclarar, para la tranquilidad de las supermercadistas, que la medida “no se trata de un análisis o control de precios que apunte a revisar márgenes de ganancia”.
La nafta desde agosto de 2020 ya subió un 50%, los alimentos, en un análisis interanual, un 43%. Mientras tanto los salarios llevan tres años consecutivos de pérdida real contra la inflación. Además, como lo refleja el informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) titulado Desempleo juvenil y políticas sociales, 560.000 jóvenes, entre 18 a 30 años, perdieron su trabajo en 2020. A nivel global, fueron 3.900.000. También se remarca que, en el mismo año, en el segundo trimestre se dio una escalada en la desocupación llegando al 13,1%.
A pesar de toda esta radiografía social, el gobierno apuesta a la confidencialidad de los precios empresariales para mantener sus cuantiosas ganancias.
Algunas conclusiones
Seguir el rumbo económico trazado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, conduce a un derrumbe total de las economías de las mayorías trabajadoras. Nuevas propuestas, nuevas políticas se tienen que establecer. Pero esta vez, rememorando que se acerca el 24 de marzo, tienen que ser medidas que combatan el legado del proyecto económico neoliberal que se heredó de la última dictadura genocida y todos los gobiernos han mantenido desde la vuelta a la democracia.
Como apuntamos desde el MST en el FIT Unidad, romper relaciones con el FMI, investigar la deuda externa, suspender los pagos y desconocerla por su carácter ilegal, son algunas de las propuestas aportadas. Sumamos a esto la necesidad de aplicar la Ley de Abastecimiento, para terminar con el lucro de las grandes cadenas productoras de alimentos y nacionalizar los resortes energéticos para parar los tarifazos de las empresas privadas.
Sin medidas de fondo, ante una economía quebrada, no hay forma de que se recompongan los ingresos de los trabajadores. El año ya comenzó y a pesar de los discursos grandilocuentes de justicia social por parte del gobierno, siguen funcionando como protectores de quienes ellos denuncian estafaron el país.