Plaza de Mayo, 27 de agosto. Aquí y en las capitales del país, los familiares de víctimas del gatillo fácil policial realizaron su séptima marcha nacional. Así como en muchas ciudades del interior, en Buenos Aires desde el MST en el FIT Unidad y el CADHU acompañamos la movilización con nuestras columnas, en este caso junto a Cele Fierro, Pablo Vasco y Caro Cáceres.
Los familiares marchaban con la bandera de cabecera, colorida de retratos de las víctimas de la represión estatal. La Plaza de Mayo desbordó de gente de numerosas organizaciones populares. Entre homenajes, adhesiones y antes de los duros testimonios sobre la violencia e impunidad policial, los familiares leyeron el documento que reproducimos aquí.
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2021
Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la 7ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal, llevando adelante esta enorme jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza, repudia y denuncia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia.
Nuestra denuncia no sólo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.000 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983.
A su vez, encontramos, dentro de diferentes gobiernos, personajes responsables o cómplices de masacres que nos lastiman. Así el caso de Felipe Solá, canciller del gobierno de Alberto Fernández y responsable político de la masacre de Puente Pueyrredón; Espinoza, intendente actual de La Matanza y encubridor de la desaparición de Luciano Arruga; Aníbal Ibarra, con cargo en el Banco Central, responsable político de la masacre de Cromañón y la lista sigue. Por eso: no solamente no es un policía, sino toda la institución, y más allá, el Estado en su conjunto. Alguien da las órdenes para las fuerzas represivas.
En este contexto de pandemia, claros fueron los ejemplos de que la represión no ha cesado. Así lo demuestra el asesinato de Franco Cardozo por parte del COT (Centro de Operaciones Tigre), organismo compuesto y dirigido por ex policías retirados o sumariados.
También denunciamos y responsabilizamos al Estado argentino por las torturas y muertes en contexto de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación y selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Como ocurrió el 25 de julio, cuando un joven fue detenido y trasladado a la Comisaría 6ª de Tolosa, donde lo golpearon y torturaron con picana eléctrica en una clara demostración de que las prácticas de ayer siguen presentes en los crímenes de hoy.
Las cárceles funcionan como verdaderos centros de tortura donde las personas sufren la vulneración sistemática de sus derechos y son sometidas a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de la salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. Sólo por citar algunos ejemplos, en la Comisaría 6ª de Villa Rosa en Bahía Blanca, que tiene una orden de clausura dictada desde 2012, una mujer detenida perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Otro fiel reflejo son las masacres ocurridas en la Comisaría 3ª de Transradio en Esteban Echeverría el 15 de noviembre de 2018, donde murieron 10 pibes calcinados a pesar de tener un destacamento de bomberos pegado a la comisaría. O lo sucedido en la Comisaría 1ª de Pergamino el 2 de marzo de 2017, donde asesinaron a 7 pibes y la justicia avaló la masacre. La crisis humanitaria en los lugares de encierro es cada vez más profunda.
Y como siempre denunciamos, el Estado no sólo mata con balas, sino que utiliza diversas formas de represión, como sucedió la madrugada del lunes 1º de junio de 2020, en el barrio San Martín, del partido de San Nicolás, donde un patrullero que venía de frente chocó intencionalmente la moto en que viajaban Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, asesinando a los jóvenes por no cumplir la cuarentena.
Las formas que llaman “ausencia del Estado” también son maneras de matar, como lo demuestran la falta de políticas frente al aumento sideral de los femicidios y el hostigamiento constante a las víctimas dentro de las dependencias que debieran contenerlas, como pasó con Cristina Vázquez en Misiones que la asesinó el Estado: pasó 11 años presa injustamente por un hecho que no cometió y a los 6 meses de recuperar su libertad apareció supuestamente suicidada.
Es ausencia y es violencia la falta de respuesta a los reclamos de familiares y sobrevivientes, tanto de la masacre de Cromañón como la del taller clandestino de Luis Viale, que deben convertirse en espacios de memoria para aportar a que se acaben estas prácticas asesinas por acción u omisión. Pronto la masacre de Pergamino contará con su sitio de memoria en la comisaría asesina, por la lucha constante de familiares y organismos de derechos humanos.
La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, que hoy se replica en diferentes puntos del país con la Marcha Nacional en Córdoba, Chaco, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Paraná, Jujuy, Corrientes, Posadas, Río Negro, Bariloche y Trelew.
Nos matan un pibe o piba cada 20 horas, ya sea con un fusilamiento, bajo las ruedas de un patrullero o con torturas seguidas de muerte en contexto de encierro, como son las cárceles, comisarías, institutos de menores y lugares que usan como centros clandestinos de detención. Estas son sólo algunas de las formas que tiene el Estado de reprimir, como también lo hace con las causas armadas y las desapariciones forzadas seguidas de muerte. En este sentido destacamos la injusta condena a Marcos Bazán, como parte de una causa armada, lo cual significa que el femicida de Anahí Benítez sigue en libertad.
Nos ha indignado también, durante esta pandemia, la desaparición, y luego la constatación de asesinato, por parte de las fuerzas del Estado, de Facundo Astudillo Castro, y apoyamos todas las denuncias formuladas por su familia.
El pedido de mano dura, representado tanto por las figuras de Sergio Berni como de Patricia Bullrich, significa más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía y más drogas en los barrios. Estas formas de represión son ejercidas por el Estado de manera sistemática y dirigidas fundamentalmente a los y las jóvenes de los barrios más vulnerados, donde suceden impunemente, además de asesinatos policiales y desapariciones, otras violencias. Así lo hacen con el consumo problemático de drogas donde, por un lado, les niegan a los jóvenes de nuestros barrios el derecho a la asistencia y se terminan suicidando o enredados en una trampa que les roba sus vidas, y por otro lado, usufructúan el manejo de la caja del narcotráfico. De esta manera utilizan las drogas como forma de exterminio sobre nuestros jóvenes.
Está claro que la trama policial y judicial es parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran muchas vidas, y son los mismos personajes que operan en las redes de trata, como en el caso de Johanna Ramallo, desaparecida en 2017; en feminicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, travesticidios o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Higui.
Desde los medios hegemónicos y comerciales de comunicación existe una estigmatización y criminalización constante de los jóvenes de sectores populares. Cuando el Estado mata a un pibe de barrio los medios desatan su maquinaria y automáticamente lo convierten en un negro chorro, condición suficiente para ser ejecutado por cualquier miembro de las fuerzas de seguridad y avalado por ciertos sectores reaccionarios. Cuando todos y todas en realidad sabemos, aunque no lo quieran aceptar, que los que más han robado y siguen robando no viven en nuestros barrios, tienen cargos públicos y muchas veces usan trajes o uniforme.
Ese odio fogoneado por algunos sectores políticos y por los medios hegemónicos de comunicación termina en asesinatos cometidos por civiles, como el carnicero de Zárate Daniel Oyarzún que en 2016 asesinó a Brian González y luego un juicio por jurados lo declaró no culpable, o el médico Lino Villar Cataldo que mató de cuatro tiros a Ricardo ‘Nunu’ Krabler en 2016 y también fue declarado no culpable del mismo modo. Cabe destacar que ninguno de los asesinos civiles nombrados se encontraba en peligro al momento de matar. Lo que estas absoluciones dejan en claro es que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Esto convierte a quien ejerce justicia por mano propia en juez o fiscal que aplica la pena de muerte.
Otra muestra total de impunidad es la condena que dispuso el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de Capital Federal al policía asesino Luis Chocobar, en una clara acción de querer legalizar el gatillo fácil. La justicia nunca mide con la misma vara, ya que la pena más alta fue para el chico que intentó robar en ese mismo hecho una cámara con un cuchillo de mesa, mientras que al policía que disparó varias veces con su arma reglamentaria sobre la espalda de Pablo mientras corría le impusieron una pena leve. Chocobar junto a Patricia Bullrich y algunos personajes reaccionarios hoy pretenden defender a policías imputados en causas judiciales por medio de una supuesta fundación trucha, como lo hacen con el oficial subalterno Facundo Nahuel Amendolara, imputado en la causa por la tentativa de homicidio contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”.
Los distintos gobiernos han utilizado las fuerzas para perseguir y castigar a los trabajadores y trabajadoras que se organizan por sus derechos, que luchan contra la opresión, represión y explotación, tratando de evitar otro de los crímenes terribles al que es sometido nuestro pueblo: el hambre.
Sabemos que la Argentina produce alimentos suficientes como para dar de comer a varios cientos de millones de personas. No podemos permitir que ningún pibe se acueste sin comer. Sin embargo, el 62,5% de los niños y niñas de nuestro país es pobre, más de 8 millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día y, si tienen la suerte de que alguna olla popular los salve de morir de hambre es posible que los termine matando una bala. Entonces cuando el pueblo sale a luchar lo reprimen, encarcelan y torturan, con la excusa que utiliza el Estado de mantener el orden social establecido, un orden dispuesto por sus propias leyes a su servicio. En este contexto, la existencia real de la pandemia ha sido excusa para más restricciones y más persecución.
En este contexto de persecución agudizada que se sostiene hasta hoy, existe una política histórica del Estado argentino contra los pueblos originarios, que por un lado busca estigmatizar a quienes luchan por identidad y territorio, para convertirlos en peligrosos terroristas, y por otro lado reprime, amenaza y mata como lo hizo con José Lago, un joven qom de 23 años, que fue asesinado por la Policía de Chaco durante un operativo realizado en la ciudad de General San Martín el pasado mes de junio.
En este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, los medios justifican el homicidio instalando la versión de las fuerzas de seguridad, y cierra el círculo el poder judicial garantizando impunidad. Obviamente que para que todo esto suceda también existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse a hablar con algún familiar para reconocer cualquiera de estas prácticas, que son un sello de la represión estatal.
Estas situaciones de extrema injusticia no tienen fronteras. Es por ello que repudiamos las constantes violaciones a los derechos humanos en nuestra región, como sucedió en Colombia, donde el Estado persigue, reprime y asesina a su propio pueblo. En la misma sintonía es que los gobiernos de diferentes países hacen alianzas para reprimir, como ocurrió en el caso del golpe de estado en Bolivia, donde el gobierno macrista envió armamento sin registrar.
Denunciamos al Estado paraguayo genocida, femicida e infanticida por la violación, torturas y asesinato de las dos niñitas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, el 2 de septiembre de 2020, y la desaparición forzada de Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita” el mismo día. Exigimos su aparición con vida y la libertad de Laura Villalba, víctima de una causa armada, en un contexto de persecución a toda la familia Villalba.
Contra ese armado en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que luchamos. El Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad, pero nuestra respuesta siempre fue luchar, resistiendo, apostando a la organización colectiva y con el puño en alto. Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha, pertenezcamos o no a una organización o partido político y sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda. Para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Sabemos que el dolor es el mismo, pero la conciencia de clase no. Por eso tenemos que ser capaces de entender e intercambiar nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y todas las propuestas de acción, para que unidos y unidas logremos transformar la realidad.
Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases; es por ello que no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia, porque a nuestros pibes y pibas no los devuelve nada ni nadie.
No es fácil ni corto el camino que emprendimos, tampoco lo elegimos, pero tal como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nuestros pibes y pibas viven en nosotras y en cada lucha que llevamos adelante. Sabemos que la verdadera justicia sería tener nuestros familiares acá, y no depende de una sentencia vergonzosa que la mayoría de las veces le arrancamos al poder judicial con la lucha.
A pesar de la impunidad que demuestra el poder judicial, seguiremos luchando en cada juicio. Vamos a llenar los juzgados incansablemente hasta que caigan todos y cada uno de los represores asesinos de nuestros hijos.
Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque sale de nuestras entrañas como salieron nuestros hijos. No vamos a parar de gritar, de luchar y de marchar, hasta que no nos dejen de matar y hasta cambiar este sistema cruel e injusto que sólo favorece a los de arriba.
- BASTA de persecución a los y las migrantes
- LIBERTAD a los y las presos por luchar
- DEROGACIÓN de la ley de sepultura 24.660
- NO a la baja de edad de imputabilidad
- NI UNA MENOS en las cárceles también
- BASTA de redes de trata
- BASTA de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias
- No a la opresión y explotación del pueblo trabajador ocupado y desocupado.
- BASTA de torturas y muertes en lugares de detención
- BASTA de desapariciones forzadas
- BASTA de detenciones arbitrarias y causas armadas
- BASTA DE FEMINICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS
- CROMAÑÓN NO SE TOCA
- BASTA DE GATILLO FÁCIL
- NI UN PIBE MENOS
- NI UNA PIBA MENOS
- NI UNA BALA MÁS
- EL ESTADO ES RESPONSABLE
- QUE EL NUNCA MÁS SEA NUNCA MÁS
