Walter Bulacio era un joven como cualquier otro de su época: 17 años, estudiante del colegio Bernardino Rivadavia, un pibe de barrio atraído por el rock argentino de los ‘90 que reflejaba la situación política post dictadura. El 19 de abril de 1991 tocaban los Redondos de Ricota en Obras, banda favorita de Walter, y era la oportunidad de verla en vivo por primera vez. Las razias policiales permanecían como legado de la dictadura sobre todo en recitales: detenciones masivas y abuso de poder eran la regla para el aparato represivo. La orden era reprimir a esos jóvenes que encontraban en la cultura del rock, una forma de expresión, de libertad, de reclamo, en el marco de un Estado neoliberal que se lo devoraba todo en beneficio de unos pocos y en el que las fuerzas de (in)seguridad ocupaban un rol clave para el disciplinamiento y el control social.
Horas antes del recital, 130 personas fueron detenidas por la Policía Federal, sin discriminar a menores y vulnerando derechos. Walter y sus amigos fueron detenidos por no correr, porque eran inocentes y porque no iban a huir: solo querían disfrutar un rato de rock. Fueron llevados a la comisaría 35° y aislados toda la noche. Walter es ingresado al Hospital Pirovano la mañana del 20 de abril,donde le dice a un enfermero que lo había golpeado un policía, y moriría una semana después en el Sanatorio Mitre ¿Las causas según la autopsia? Traumatismo en cráneo y huellas de golpes con elementos contundentes en el cuerpo entero. Un caso de violencia y homicidio policial.
Este hecho desató grandes movilizaciones en el AMBA y atravesó el país, cientos de jóvenes en su mayoría estudiantes secundarios salieron a exigir justicia contra la policía y el Estado. Festivales donde tocaban las bandas del rock barrial como La Renga, Los Piojos o 2 Minutos exigiendo justicia. Una verdadera rebelión de los hijos del Nunca Más.
Producto de la movilización y la lucha intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que ratifica la responsabilidad del Estado y la Policía.
Hubo un gran triunfo: la Corte se expidió en el año 2003 con tres puntos:
- La responsabilidad del Estado de investigar y sancionar a los responsables junto con familiares de la víctima y hacer pública la resolución.
- Indemnizar a las familias y asegurar que no se vuelvan a repetir hechos de esta índole.
- Que las Fuerzas represivas no tenían permitido detener ni pedir identificación sin la orden de un juez.
Marcando un antes y un después en los casos de gatillo fácil, fue un avance con sabor amargo, ya que casi nada fue tomado en cuenta por el Estado Argentino.
En el año 2013, más de 20 años después, el comisario Miguel Ángel Espósito fue sometido a juicio por «privación ilegítima de la libertad» a Walter, pero no por tortura y muerte. Fue hallado responsable de la razia que terminó con Bulacio en la comisaría y condenado a la pena de tres años de prisión “en suspenso”, sin aplicación efectiva.
Podemos analizar, por lo menos, dos aspectos de este hecho particular: el primero y positivo, el avance para la música en cuestión de derechos humanos, el crecimiento del rock barrial, under, popular, rebelde y contestatario que marcaría varias generaciones y seguiría siendo un reflejo de la sociedad estando en procesos como el Argentinazo. Segundo y contradictorio, los límites de la institucionalidad burguesa en los marcos de este sistema. Que 30 años después no haya habido justicia por Walter Bulacio y se hayan sumado nombres a la lista de pibes y pibas torturades y asesinades por la maldita policía a pesar de años de lucha, demuestra un sistema de impunidad en el que el Poder Judicial, poder político y fuerzas represivas actúan para avasallar la voz y la fuerza de una juventud que no tiene nada para perder y sí mucho porque luchar.
Walter sigue presente en banderas y canciones, en flequillos, melenas y jeans. Pero sobre todo en cada grito por justicia.