domingo, 14 agosto 2022 - 21:49

20 años de la Masacre de Avellaneda. ¡Darío y Maxi presentes!

Este domingo 26 de junio, se cumplen 20 años de la Masacre de Puente Pueyrredón, cuando Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por efectivos de la bonaerense luego de una violenta represión a una masiva movilización. Esa medida de lucha era parte de grandes movilizaciones que se llevaron adelante, en el contexto de la crisis de diciembre 2001. El gobierno de Eduardo Duhalde ordenó reprimir la protesta, en un operativo conjunto entre la Policía, Gendarmería y Prefectura; la policía bonaerense y ex integrantes de esa fuerza.

Las columnas empezaron a llegar a la Estación Darío y Maxi desde las 9 hs, y la movilización hacia el puente inició al mediodía, para dar lectura en el acto a un documento unitario entre las organizaciones convocantes. Entre los presentes, se encontraban organizaciones sociales, de DDHH, políticas, sindicales, entre otras.

Cele Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad estuvo presente en la convocatoria y expresó: «La Masacre de Avellaneda fue una decisión política, fue un crimen de Estado. Duhalde y todo el régimen político quiso dar una señal a quienes se organizaban luego del Argentinazo, querían amedrentarlos para frenar ese proceso, pero no pudieron. Hoy, luego de 20 años, seguimos enfrentando los ataques a los movimientos piqueteros y levantando las mismas banderas de lucha. Los reclamos por trabajo, salarios y contra la pobreza sigue presentes, como la lucha contra la impunidad de ayer y el ajuste y hambre de hoy. Juicio y castigo a los responsables políticos ¡Darío y Maxi presentes!»

Además, estuvieron presentes Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive y Vilma Ripoll, dirigente del MST-FIT Unidad.

A continuación, reproducimos el documento unitario leído en el acto:

La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado

20 años de Impunidad

20 años de lucha

SEGUIMOS AFIRMANDO: NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS  RECONCILIAMOS

¡Darío y Maxi no están solos y viven en la lucha del pueblo!

Darío y Maxi fueron parte de una gloriosa juventud y de un pueblo que en la década de los 90 y principios del 2000,  enfrentaron con organización y lucha callejera, las políticas de ajuste que los organismos  internacionales de crédito ordenaban a los cipayos políticos de turno. Esas luchas, con cortes de  rutas y movilizaciones, se extendían por todo el país. Les trabajadores desocupados y desocupadas  venían construyendo barricadas contra el avance del Fondo Monetario Internacional, el Banco  Mundial y el Club de París. Esta resistencia legítima del pueblo se dio en el marco de hacer visible la  condición de hambre y desolación que padecían más de cinco millones de familias que habían  quedado desocupadas luego de haberles entregado las principales fuentes de trabajo y recursos  económicos a las empresas transnacionales durante el gobierno de Carlos Menem. Las rebeliones  populares del 19 y 20 de diciembre del 2001 no alcanzaron del todo para frenar el avance de las  políticas de ajuste, por lo tanto no cesó la movilización del pueblo que quería trabajar y no pasar  hambre. Es así que continuó expresándose en la calle el pueblo disgustado con quienes  gobernaban. Es por eso que un mes antes de la represión criminal del 26 de junio del 2002, los  gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales, tuvieron una reunión en La Pampa  con el presidente interino de aquel momento, Eduardo Duhalde y su Secretario de Seguridad Juan  José Álvarez. En la misma exigieron “mano dura” para recuperar el control de la  calle, esgrimiendo éstos que era imposible gobernar una nación sin cumplir con esta premisa. Es  así que comenzó entonces una campaña mediática, a través de los medios hegemónicos de  comunicación, estigmatizante hacia el movimiento popular mostrándolo como el enemigo interno a  derrotar. Esta campaña fue con amenazas directas desde la boca misma de los funcionarios de más  alto rango en el poder ejecutivo nacional como las palabras de Alfredo Atanasoff: “Si cortan el  puente Pueyrredón va a ser una declaración de guerra”. Una guerra donde los únicos armados  fueron la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, en un  operativo conjunto comandado y coordinado desde la base Billinghurst de la SIDE (Secretaría de  Inteligencia del Estado).

Sin embargo, la lucha popular, con las banderas de Darío y Maxi a la cabeza, se extendió y a los  reclamos que aquel 26 de junio ellos sostuvieron con su vida, se le sumaron los de la exigencia de  justicia por ese crimen contra el pueblo.

Así logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta  por los homicidios de Darío y Maxi, y de quienes nos oponemos férreamente a que recuperen, tanto  la libertad condicional como salidas transitorias, por no ser ellos presos comunes. Son asesinos de  una fuerza de seguridad, que formaron parte de un crimen de estado al servicio de la más alta  cúpula del gobierno de Eduardo Duhalde, pero los responsables políticos siguen impunes hasta  hoy.

Las causas judiciales no avanzan. Ya presentamos catorce testigos y testigas a prestar declaración  testimonial. En ellas, los diferentes testimonios han descrito situaciones particulares, relacionadas a  las órdenes para aquella jornada represiva, citando nombres y apellidos, que coinciden con quienes  consideramos los responsables políticos de la masacre. Sin embargo, para la PROCUVIN, tanto para la fiscal de la causa  federal, tramitada en Comodoro Py, Paloma Ochoa y al Juez Federal Ariel Lijo, después de 20 años,  aún consideran insuficientes los datos que la familia, organizaciones y organismos de ddhh hemos  conseguido como información para la investigación. Una investigación que los poderes del estado  no sólo no han realizado, sino que por el contrario, han encubierto y se han mostrado cómplices de  la impunidad que gozan al día de hoy quienes dieron las órdenes aquel 26 de junio del 2002.

La causa provincial a cargo de la Jueza Marisa Salvo, en la que se investiga la responsabilidad del ex  gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y los miembros del ejecutivo, también está  cajoneada, con un dictado de archivo y sin aportes de la fiscalía, casi sin cambios desde que Mabel  Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara.

Todos los avances en las causas han sido, pura y exclusivamente por la lucha popular y el esfuerzo de  les familiares y compañeres de Darío y Maxi, sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones  y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de les compañeres abogades.

Han pasado distintos gobiernos, pero ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales. Ni el de Néstor Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas consecuencias, ni  el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represión  estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron  vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la Masacre, y en varios casos  compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del  estado.

Así lo demuestra, entre otros, el caso de Aníbal Fernández (actualmente Ministro de Seguridad de la  Nación), que tras la represión se jactaba de contar con información de la SIDE que espiaba a las  organizaciones piqueteras. O el de Felipe Solá, (ex Ministro de Relaciones Exteriores del actual  Gobierno), quien en una intervención en el Senado en 2018 confesó su responsabilidad política como  gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la Masacre de Avellaneda al decir: “No  disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé  ideológicamente, lo comprobé trabajando”.  Confesión que presentamos como prueba ante la justicia, pero que fue desestimada.

Personajes que siguen siendo parte del poder político, que nunca fueron citados a declarar,  beneficiarios de la misma política de encubrimiento montada por los sucesivos gobiernos frente a  crímenes como los de Carlos Fuentealba, Lázaro Duarte, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora – Sala III, denegó el pedido de la defensa del asesino Alfredo Fanchiotti, para acceder a la libertad condicional.

Sin dudas, este fallo en el marco de los 20 años de la Masacre de Avellaneda es una buena noticia. La movilización sostenida en la exigencia de justicia y el peso específico logrado con tantos años de coherente lucha empujan a personajes como este criminal hacia adentro de las celdas para continuar sus días rodeados por los barrotes de la cárcel.

 Rechazamos esta provocación adicional poco tiempo antes de los 20 años de la Masacre. Y desde este Puente decimos: No a la liberación de los autores materiales del crimen de Darío Santillán y Maximiliano  Kosteki. Que los asesinos sigan en la cárcel.

Seguimos luchando y exigimos castigo:

A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión

A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia y actual Ministro de Seguridad de la  Nación

A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,

A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde

A Jorge Matzkin, ex Ministro del Interior de la Nación

Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.

A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte  Suprema de Justicia Bonaerense.

Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá

***

A 20 años de la Masacre de Avellaneda, las luchas obreras y populares continúan enfrentando a todos  los responsables de la pobreza que crece en los barrios. La organización y solidaridad construidas  desde abajo nos marcan el único camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase  trabajadora y el pueblo. Hoy, como hace 20 años, el movimiento piquetero, obrero y popular vuelve a ganar las calles  contra el hambre, el ajuste y la represión.

La movilización popular fue y es una respuesta frente a la inflación que liquida los salarios, contra la  desocupación, el hambre y la miseria. El acuerdo de entrega entre el gobierno de Alberto Fernández  y el FMI agravó la situación. Esta política parte del reconocimiento, por todos los gobiernos desde la  vuelta a la democracia, de una deuda externa usuraria y fraudulenta en favor de la banca y el gran  capital. El acuerdo trae aparejado mayores degradaciones y penurias para nuestro pueblo. Tiene en  agenda reformas laborales y más precarización, destrucción de las jubilaciones, ajustes en la  asistencia social, salud, educación, tarifazos y devaluación.

En los últimos días asistimos a una ofensiva contra el movimiento piquetero y las organizaciones populares, que tiene varios objetivos: estigmatizar y criminalizar a las organizaciones que luchan contra el hambre y el ajuste, que reclama la universalización de todos los planes sociales, asistencia alimentaria y trabajo genuino; y bajar aún los miserables salarios que cobran enormes sectores de nuestra clase trabajadora, posibilitando a intendentes y empresarios avanzar más en la destrucción salarial y en precarizar las condiciones de trabajo. Esta ofensiva, que se monta en la negativa del Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta de dar respuesta a los miles de compañeres que se movilizan en todo el país,  es promovida por los grandes medios de comunicación, por distintos sectores empresariales, y por distintos sectores políticos (Juntos por el Cambio, los falsos “Libertarios”, y sectores del oficialismo), y en los últimos días principalmente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pide que todos los planes pasen a los intendentes y gobernadores, aumentando el poder del PJ y atacando los derechos laborales de estatales provinciales y municipales al actuar para bajar más sus salarios. En ese marco, repudiamos la persecución judicial del fiscal Marijuan con Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y Gabriel Solano, diputado de CABA por el FIT Unidad.

El movimiento piquetero es quien trabaja cotidianamente contra el hambre y la pobreza, contra el Estado que no da respuestas desde hace años a los problemas reales de nuestro pueblo trabajador. Atacar a las organizaciones populares tiene como objetivo atacar toda forma de organización de nuestro pueblo, y someterlo aún más al dominio de los punteros políticos y de las empresas.

Así como crecen el ajuste y las luchas, en especial del movimiento piquetero, también crecen los  intentos de reprimir y criminalizar la protesta social. Denunciamos la presencia de Aníbal Fernández  en el Ministerio de Seguridad, así como del represor Berni en la provincia de Buenos Aires, amparando  el gatillo fácil y las torturas en las comisarías. Venimos de enfrentar la criminalización del movimiento  piquetero de Jujuy, con las detenciones de 15 compañeres en marzo y de Juan Chorolque y Sebastián  Copello en abril. En Misiones, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y todo el país avanzan causas contra  compañeros y compañeras por luchar. En Catamarca se persigue a quienes luchan contra la  megaminería y por tierra para vivir. En Capital, el gobierno desató una cacería luego de la votación del pacto con el FMI en  la Cámara de Diputados. Reclamamos el cese de la represión y criminalización de la protesta, el cierre  de todas las causas en la lucha contra el FMI, la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, condenados  por participar en la lucha contra la reforma jubilatoria promovida por Macri y decimos no a la  extradición de Facundo Molares.

Denunciamos también que esta política represiva se continúa en todos los gobiernos, antes y después  de la Masacre de Avellaneda. Seguimos levantando los reclamos de Justicia por Carlos Fuentealba,  Mariano Ferreyra, por los compañeros Qom asesinados en Formosa, por Santiago Maldonado y Rafael  Nahuel asesinados bajo el gobierno de Macri y Bullrich y por todos los compañeros asesinados por  luchar.

Esta política de ajuste y represión no podría pasar sin el apoyo de la burocracia sindical, cómplice del  deterioro de las condiciones de vida. Planteamos la unidad en la lucha de la clase trabajadora,  ocupada y desocupada. Por eso apoyamos las luchas por el salario que vienen librando los  trabajadores del neumático, la docencia de San Juan y La Rioja, la que dieron los metalúrgicos de Río  Grande y planteamos la unidad en las calles y un paro nacional y plan de lucha por trabajo y por salario  y contra el hambre y la pobreza.

La crisis habitacional dio lugar a cientos de recuperaciones de “tierra para vivir” mientras se privilegia  la especulación inmobiliaria, se criminalizan las luchas y se desaloja violentamente. El crecimiento de  los asentamientos y villas de “emergencia” son la respuesta al avance de la pobreza en nuestro país. El  sistema de salud arrastra años de ajuste y vaciamiento. Cientos de trabajadores de la salud murieron  enfrentando la pandemia. El sistema educativo también lleva décadas de vaciamiento,  mercantilización y precarización laboral y educativa. La pandemia puso al descubierto la falta de  inversión acumulada por los distintos gobiernos. Más de un millón de niñes quedaron fuera del  sistema educativo por faltas de computadoras y conectividad en la pandemia y no han regresado a  las aulas. Hoy en CABA se impone el trabajo gratuito obligatorio para todes les jóvenes de 5to año.

El gobierno encabezado por Alberto Fernández aplica un brutal ajuste para lograr la renegociación de  la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. Este acuerdo somete al país a un mayor atraso económico y mayor dependencia del capital financiero internacional.

Rechazamos el acuerdo del Gobierno con el FMI, exigimos el no pago de la deuda externa fraudulenta  e ilegítima y que ese dinero sea destinado a la salud y educación pública, al aumento de la asistencia  social y la creación de trabajo genuino para todes. La deuda es con el pueblo trabajador y con la  naturaleza, no con el FMI, el Club de París, ni los fondos buitres.

Repudiamos la continuidad de los métodos represivos, la impunidad de las fuerzas de seguridad del  régimen, y la persecución a las familias que reclaman verdad y justicia.

Justicia por Facundo Astudillo Castro, asesinado luego de ser detenido por la maldita  bonaerense durante la cuarentena del 2020, por Luis Armando Espinoza desaparecido y asesinado  por la policía de Tucumán, por Josué Lago de la comunidad qom del Barrio Los Silos en Chaco, por Lautaro Rose asesinado por la policía de Corrientes hace ocho meses,  y por todes les pibes asesinades por la represión estatal.

Basta de gatillo fácil.

Basta de represión y criminalización de la protesta popular.

Libertad a las y los presos y presas políticos.

Absolución a Cesar Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Yolanda Vargas

 Por el desprocesamiento de los luchadores populares y la anulación de las causas judiciales

***

En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a las mujeres, trans, travestis y  lesbianas, hoy en la primera línea contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema  patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.

Más de cien feminicidios, y 4 trans-travesticidios en 2021 y más de 300 bajo ASPO y DISPO una mujer  es asesinada cada 35 hs. Miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y  femicidas, esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas.

Exigimos respuestas para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres y compañeres LQGBI en todo  el país, y luchamos para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las  mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que conquistó el histórico  reclamo de aborto libre, seguro y gratuito y que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas,  clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y nuestras luchas son  feministas, disidentes y plurinacionales.

¡Basta de violencia machista! ¡Basta de femicidios y trans travesticidios!

Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por  todas las víctimas de la violencia machista.

¡Ni una menos! ¡Ni une menos! ¡El Estado es responsable!

¡Aparición con vida de Tehuel Torre!

¡Cupo laboral trans-travesti ya!

Exigimos el debido cumplimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¡Separación de la iglesia y el Estado!

***

Darío y Maxi, Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo. A través de ellos reivindicamos a todes les mártires de las luchas obreras y populares.

A nuestres 30 mil compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas por la última  dictadura cívico militar eclesiástica y a les asesinades por la represión durante la democracia. Alzamos  nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento del crimen de Silvia Suppo. Reclamamos Justicia por el crimen de Lázaro Duarte, asesinado por una patota del MPN gobernante en la provincia de Neuquén.

Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la prefectura y la gendarmería en la represión contra las comunidades mapuches. Patricia Bullrich y Mauricio Macri son  responsables.

Por Luciano Arruga y todos les asesinades por gatillo fácil. Por Mariano Ferreyra y la vigencia de su  lucha contra la tercerización laboral y la explotación de les trabajadores.

Nos solidarizamos con todas las luchas de los pueblos hermanes de Nuestra América. Saludamos la  heroica lucha que puebla las calles en Ecuador. Seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres,  lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016, justicia por las 56 niñas incineradas  en Guatemala en 2018, castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. Aparición con vida ya de  Elizabeth «Lichita» Oviedo Villalba, en Paraguay. ¡El Estado es responsable!

***

Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral.  Por tierra, trabajo y vivienda digna para todes.  

Basta de hambre, criminalización de la protesta y represión.  

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.  No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia  económica y social.  

Fuera el imperialismo de América Latina.  

No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.  

Unidad de todes les luchadores y luchadoras por una Argentina sin explotación ni opresiones.  

¡Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy!

Darío y Maxi 19 años en la primera línea  

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ¡presentes!  

La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado.

Noticias Relacionadas