lunes, 5 diciembre 2022 - 20:56

10 de octubre de 1974. La antesala del terrorismo de Estado

La madrugada noche del 9 al 10 de octubre de 1974 en la Ciudad de Córdoba bandas mixtas (policías y civiles) identificadas como Alianza Anticomunista Argentina (AAA)[i] tomaron por asalto los locales de Partido Comunista, del Sindicato de Luz y Fuerza y de nuestro antecesor Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ubicado en Humberto Primo casi esquina Avellaneda, en un edificio que hoy apenas reformado es parte del paisaje de la ciudad junto al río Suquía.

Las acciones fueron brutales y sanguinarias, detuvieron, torturaron y vejaron a más de 250 personas. Luego, en la mañana del 10 de octubre los detenidos fueron alojados en calidad de presos en la Jefatura de Policía – que en ese entonces funcionaba en el Cabildo Histórico frente a Plaza San Martín- donde nuevamente fueron apaleados antes de ingresar a las celdas.

Denuncia al PST

Como un experimento siniestro, previo golpe militar nacional, en Córdoba había un gobierno de facto. En marzo de 1974 el gobierno nacional del general Perón había ordenado la intervención federal a la provincia de Córdoba. El primer interventor que arribó a Córdoba fue Duilio Brunello, quien ejerció esa función entre el 15 de marzo y el 7 de septiembre de 1974. Lo reemplazó el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, un “halcón” patrocinado por el lopezreguismo (en referencia a José López Rega, ministro de Bienestar Social del gobierno y creador de la Triple A) que puso en marcha la represión ilegal en la provincia y sentó las bases del aparato terrorista del Estado mucho antes del golpe de 1976.

Ensayo general de golpe de Estado

La intervención federal había sido la respuesta del gobierno nacional del general Perón a lo ocurrido previamente, el miércoles 27 de febrero de 1974 por la noche, en medio de un vasto operativo policial en la Casa de las Tejas (sede del gobierno provincial) fueron detenidos y depuestos en el gobierno el entonces gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, en un golpe policial semifascista encabezado por el jefe de Policía, Antonio Domingo Navarro. Lejos de defender el orden constitucional violentado y al gobernador depuesto, Perón dio aval explícito al golpe policial decretando la intervención a la provincia.

El episodio pasó a la historia como Navarrazo, un raro tributo al comisario Antonio Domingo Navarro, autor de un hecho sin precedentes en los anales de la república, varias veces golpeadas por las Fuerzas Armadas, pero nunca por la Policía.

Raúl Lacabanne, interventor de Córdoba, saluda al intendente José Domingo Coronel. Detrás José Manuel De la Sota

Navarro resultó condenado por el delito de sedición, e indultado luego por María Estela Martínez, “Isabelita”. El Navarrazo marca un antes y un después en la historia reciente de Córdoba y del país. En esa línea, no es un exceso considerar al Navarrazo como la antesala del terrorismo de Estado que asoló al país entero dos años más tarde.

A poco de producido el Navarrazo, la conducción completa del sindicato Luz y Fuerza, liderada por Agustín Tosco fue declarada ilegal y en adelante debió funcionar en la clandestinidad. Con el sindicato intervenido, Agustín Tosco pasó a vivir en la máxima clandestinidad, custodiado por sus compañeros y diversas organizaciones solidarias, se tenía que trasladar de un lado a otro del país, hasta enfermar y morir sin la atención médica que necesitaba. Su sepelio, multitudinario, en noviembre de 1975 se realizó en medio de balaceras provocadas por la Policía y la Triple A, que dispararon a mansalva contras las columnas de miles de personas que acompañan el féretro, en las cercanías del actual cementerio San Jerónimo.

La intervención de Lacabanne marcó el inicio de una escalada inédita en la provincia. Bandas organizadas, preparadas y financiadas por el Estado, alentadas por los dirigentes del PJ local (De La Sota incluido), la burocracia sindical, parte del empresariado y la jerarquía eclesiástica se adueñan de la provincia y actúan de manera coordinada con las fuerzas represivas del Estado.

Su objetivo: aniquilar la joven vanguardia obrera y estudiantil que desde el Cordobazo de 1969 y el levantamiento obrero y popular en 1971, conocido como el Viborazo -casi un segundo Cordobazo-, se desarrollaba sin pausa en la combativa provincia. Nuestro PST era parte importante de ese proceso y entre sus filas se destacaban figuras como José Francisco (Petiso) Páez dirigente del SITRAC-SITRAM, el emblemático sindicato clasista de trabajadores de la empresa Fiat (MaterFer y ConCord).

A fines de 1973, la Triple A había difundido una lista de personalidades que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”, decía su comunicado. En la lista se encontraban militantes de izquierda como Homero Cristali (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo); dirigentes como Mario Roberto Santucho (Partido Revolucionario de los Trabajadores); sindicalistas como Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires); el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo), entre otros.

Para hacer memoria

Los allanamientos y ataques de la noche del 9 de octubre en Córdoba fueron feroces. Como consecuencia de las torturas y vejaciones en los allanamientos, a los pocos días falleció Tita Hidalgo, militante del Partido Comunista. Entre los detenidos en el local de nuestro PST se encontraba César Robles Urquiza, quien luego de recuperar su libertad fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de Buenos Aires la noche del 3 de noviembre de ese año.

Los asesinos interceptaron a César Robles y su compañera. César tenía 36 años y era dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en el barrio de Flores, él y su compañera Laura salían de un congreso partidario, habían perdido el vuelo de regreso a su regional Córdoba y fueron interceptados cuando se dirigía a la casa de un familiar en Caballito.

El asesinato de César fue un segundo gran golpe al partido ese duro 1974. Antes, el 29 de mayo habían sido asesinados el Tano, Tony e Hijitus en la conocida Masacre de Pacheco, que junto al asesinato del Indio Fernández iniciaron una cadena de muertos del PST a manos de las bandas de derecha. El PST sufrió entre mayo del 1974 y setiembre del 1975 el asesinato de más 16 militantes por la acción de los grupos debandas armadas paraestatales.

A 48 años de la noche del 9 octubre de 1974 la definición sigue siendo ni olvido ni perdón: ¡Memoria, verdad y justicia! Junto con esto, hay otras lecciones históricas que deben ser reactualizadas.  Para quienes hoy quieren eximir de culpa a Perón por los asesinatos de la Triple A, las enseñanzas del Navarrazo y los hechos posteriores muestran el verdadero rol que cumplió el gobierno peronista cuando se trató de liquidar a la vanguardia obrera y popular luchaba por una sociedad más justa. Las acciones de la Triple A fueron el anticipo del genocidio perpetuado luego por la dictadura militar, a partir del 24 de marzo de 1976.


[i] La Triple A o Alianza Anticomunista Argentina (AAA) fue un grupo parapolicial terrorista de extrema derecha de la Argentina, gestado por un sector del peronismo en el gobierno, el sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas argentinas, que asesinó a artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970. Cálculos extra oficiales indican que fue responsable de la desaparición y muerte de más de 1000 personas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2008. En febrero de 2016 fueron condenados cuatro civiles y un policía bonaerense que integraron la organización paramilitar desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social

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