El 28 de junio el ministro de Justicia Cuneo Libarona y la ministra Patricia Bullrich presentaron en una conferencia de prensa un nuevo proyecto de Ley Penal Juvenil, que declara la baja imputabilidad a los 13 años de edad. Como trabajadora del Consejo de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, y capacitada para trabajar con niñeces y adolescencias en consonancia con otras voces especialistas no puedo más que expresar el rechazo absoluto frente a este proyecto. Proyecto que al ser presentado con el discurso fundante de que “frente a la impunidad, es inaceptable, hay que reaccionar” esconde detrás su ideología justamente reaccionaria y retrógrada como es la que impera en las autoridades del organismo donde me desempeño como trabajadora social acompañando situaciones, historias y proyectos de vida de pibes y pibas que tienen vulnerados alguno o muchos de sus derechos.
El ajuste en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA)
El CDNNYA es un organismo perteneciente directo al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo es presentado como aquel especializado en infancia que tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes. Fue creado por la ley 114 de CABA, pionera en nuestro país sobre la temática. Que ha sufrido una violación recientemente, en el año 2021, cuando deja de sostener las especificidades en la ejecución de sus programas frente a las distintas situaciones que atraviesan les pibis. En un intento de trasversalidad desarma trayectoria de especificidades profesionales y ya la frase que presenta al CDNNyA deja de tener sustento en lo práctico. Dejando de ser entonces un organismo especializado y contralor de otros dispositivos que trabajen con niñes ya que pasarían a estar dentro del mismo, entonces para a ser solo uno que trabaja con niñeces y adolescencias. Asimismo, se produce el desarme de estos programas y áreas de la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y se realiza un traspaso compulsivo del personal de estos al organismo de manera inconsulta, perdiendo toda historicidad, construcción de experiencia profesional y laboral y como ya se dijo especificidad en las temáticas. Este desarme tiene la consecuencia de pérdida de referencia de muches pibes que tenían en cada programa y área con sus respectives trabajadores un espacio concreto de contención frente a su problemática específica y a su realidad integral. Sin perjuicio de la pérdida de presupuesto de cada una de las áreas y programas desmantelados, para ser provistas de un único presupuesto del organismo, que claramente termina siendo escaso para todo lo que ahora debe abarcar.
También deja de pertenecer al Poder Ejecutivo como lo marca la Ley que le dio origen y llega a ser trasladado por un período de tiempo entre finales del 2023 al mes de mayo de 2024. No sin denuncia de parte de sus laburantes y visibilización de la ilegalidad. No obstante, desde diciembre del 2023 se viene viviendo por les trabajadores del Consejo destrato personal, violencia laboral y violencia institucional siendo nuevamente objetos de una reorganización deshumanizada, que se da con desinformación, confusión y desgaste hacia les laburantes.
A su vez esta violencia laboral se traduce en hechos concretos como la aparición de faltas injustificadas y descuentos por faltas inexistentes, que no solo precarizan el salario que ya está por debajo de la línea de pobreza, sino que sienta precedente para argumentar posibles despidos en personal de planta. Sin mencionar la pérdida de puestos de trabajos que sufrieron ya les compañeres desde principio de año en este organismo, donde, como se ha gritado en las calles, “No sobra nadie”.
Es así como en medio de este desguace de políticas públicas para la niñez y la adolescencia y del maltrato al trabajador de estas políticas y su disciplinamiento es que presentan este proyecto de ley también ilegal. Sumando a la crueldad de este gobierno nacional, que llega y habilita el vaciamiento del estado también en la Ciudad con Jorge Macri que llevan adelante despidos o provoca renuncias por hartazgo a la violencia institucionalizada.
Ningún pibe nace chorro
No es solo el Poder Ejecutivo el que despliega la motosierra sobre los derechos, sino que en connivencia con el Poder Judicial aluden a la autonomía progresiva del adolescente para estimar que tiene capacidad de saber que lo que está realizando es con conciencia y pleno conocimiento, cuando entendemos que un adolescente no puede tomar una decisión con voluntad plena si justamente lo que la ley plantea es que su autonomía es relativa por ser aún una persona en desarrollo y no ser por tanto un adulto al que pueda hacérselo responsable, y con total conocimiento del resultado o los efectos, de sus actos.
Pero claro es que siempre se corta por lo más fino, en lugar de agarrar a los peces gordos van al pibe, que no se le ofrece ninguna posibilidad para elegir y desplegar su proyecto de vida. Naciendo en condiciones vulnerables, con políticas de ajuste que aprietan más que nunca y no permiten que el plato de comida llegue a sus mesas. El pibe tiene al alcance de la mano al “dealer” o “punto” que es, valga la redundancia, “la punta del iceberg” de todo lo que se esconde debajo, del pibito al que le dan el arma para salir a robar, “arreglar cuentas” o salir a “pelear la esquina” de la venta de droga.
Justamente como dice Cúneo, “violencia, tráfico de drogas, enfrentamiento de armas, pelea de dos bandas de menores” (término que la ley nacional de protección de derechos vino a desterrar del lenguaje en esta temática) …“es un problema grave que requiere urgente solución”. Porque como refiere el Boletín Oficial que presenta la baja de imputabilidad “es de público conocimiento que el crimen se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir”, y ese problema grave sí es una “deuda que se tiene” (como sigue refiriendo), y es una deuda histórica la que hay en políticas de niñez y adolescencia con miras a su protección verdadera en lo concreto y con perspectivas de futuro certero. Por el contrario, el vacío es de miedo y les pibes crecen totalmente desprotegides y expuestxs, entonces y repitiendo sus palabras es necesario “brindar seguridad a la sociedad”, pero es claro que la palabra seguridad en sus bocas tiene un sentido muy diferente a lo que realmente se necesita, que es cuidado de esta franja etérea de la sociedad, y por tanto esto es una verdadera deuda con la sociedad en su conjunto.
Intentos anteriores que quedaron en la nada
Ya hubo intentos como estos en el 2019 y en el 2022. El gobierno en 2019 presentó un proyecto de Ley penal juvenil que ya en 2017 había sido anunciado por el ministro de justicia Germán Garavano, dirigido a mayores de 15 y menores de 18 años de edad. Pero con la diferencia que los homicidios tendrían una prisión que debería ser la menor posible en el tiempo a diferencia del actual proyecto que presenta prisión perpetua. El gobierno de ese momento actuaba desconociendo las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizados al Estado Argentino en junio de 2018, los análisis de Unicef Argentina y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
En el 2022 el Pro desentierra el proyecto de ley de responsabilidad juvenil para bajar la edad de imputabilidad, esta vez a los 14 años de edad. Hasta apostando a la creación de un fuero de Justicia Penal Juvenil y con una idea de justicia restaurativa que apelaba a reconocer las diferencias existentes entre las personas.
Este sería el tercer intento en 5 años. Los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. El Estado debe mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen. Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes (Ley 26.061).
Entonces debiéramos preguntarnos qué sucede con este gobierno que no cumple con su responsabilidad. Y dado que esta Ley en su art 4 refiere que las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes… debieran preguntarse por qué no cumplen. Esta ley se enmarca en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que como convención internacional ratificada por la Argentina tiene rango Constitucional. Por tanto, otra vez actúan contra tratados internacionales a los que el país adhiere. Son el Gobierno inconstitucional y anti derechos por excelencia. Otra vez parafraseando al ministro de justicia en la conferencia referida, con esta Ley “vamos a darle a los jueces, las herramientas necesarias”, pero para arrebatar todo derecho de adolescentes a ser protegidos en su derecho a no equipararse con los adultxs y ser imputadxs como si lo fueran.
Una deuda de la democracia
La niñez y la adolescencia tienen un vacío enorme desde los cuidados que deben ser dados de parte de los poderes del estado. Y si seguimos el discurso del ministro y tomamos la frase que “no hubo justicia”, podemos decir que es cierto que no la hay en esta sociedad en la que unos pocos tienen lo que millones no, que esos pocos le quitan a esos millones, y dentro de estos millones están los pibes de los sectores más vulnerables, que quedan fuera de todo, que son excluidos de la posibilidad de estudiar por la falta de accesibilidad a las instituciones, por los escasos recursos con los que cuentan sus familias, por la nula oportunidad que tienen lxs adultxs a acceder al sistema laboral. Entonces otra vez, tomando sus palabras, cambiar esta injusticia sería necesario para “darle a cada uno lo suyo”.
Lo que hacen falta son políticas públicas para la niñez y la adolescencia que sean de apoyo a la construcción de estrategias diferentes de organización cotidiana de un hogar. Políticas que tengan al pibe en el centro y que sea su Interés Superior el leitmotiv de aquellas. Políticas que proporcionen condiciones dignas de vida, que restauren su derecho a vivir en una vivienda digna, a la educación, a la salud, a la recreación, entre otros. Y que esos derechos estén garantizados por el Estado. Políticas que también ofrezcan oportunidades a lxs adultxs que los crían y cuidan, a acceder a un trabajo, que sea digno y que le permita salir de la situación de vulnerabilidad que les atraviesan. En definitiva, políticas con enfoque de Derechos Humanos. Si la “guita” que se va para pagarle al Fondo Monetario se colocara en presupuestos para políticas de calidad, con contenido y con aportes concretos que permitan el pleno goce de derechos de adultxs y ninxs, no existiría ni un solo pibe en la calle, ni buscando salidas fáciles que ofrecen los que están siempre dispuestos a cagarles la vida para sus beneficios.
Y dadas las cosas, estaremos en las calles como se ha estado en esos años en los que ya quisieron acometer y dijimos no a la baja, y como estuvimos en las calles, siempre que se necesitó, y cada vez desde que comenzó esta gestión cuando arremetió con cualquier derecho y seguiremos estando hasta sacar a Milei, todos sus cómplices y terminar con su plan. Buscando hacer fuerte la izquierda como una alternativa de poder, para ofrecer una opción de gobierno diferente a todos estos que han ido siempre contra el trabajador y los más vulnerables.
Natalia Marengo
Lic. en Trabajo Social.
Trabajadora del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA.
Dentro de la Dirección Operativa de Programas Especiales de Seguimientos y Egresos